Valor estimado, presupuesto base de licitación y precio de licitación

       1.-Me ha llamado últimamente la atención el esfuerzo que está haciendo Administrativando , bajo la creativa y  poderosa batuta de M. Benítez Ostos, para difundir, ya sea a través de su blog o por el canal de you tube, materiales sintéticos en el campo del Derecho público (principalmente, de Derecho Administrativo).

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       2.-Es cierto que durante la pandemia distribuí entre los alumnos algunas grabaciones que tuvieron cierto éxito. Lo que más me ha sorprendido es que, ya superado el período excepcional, los alumnos sigan solicitando estos “podcast”. Siempre me pareció una técnica aburrida, pero debo corregir mi criterio a la vista de las nuevas inquietudes.

       Con el uso de los materiales de Administrativando tenemos la ventaja de que el material está muy bien ordenado. Además, nos va muy bien porque, como mis estudiantes saben, la asignatura se compone de una serie de exámenes orales. Hasta ahora, hemos formulado preguntas amplias (el “tema”), pero ahora vamos a combinarlas con preguntas más cortas y más creativas. Podríamos decir que son cuestiones más “agresivas” con la materia, más gustosas para devorarla.

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       3.-Empezamoshoy con un vídeo de Alejandro M. Canónico Sarabia con el siguiente título: “Valor estimado,  presupuesto base de licitación y precio de licitación”. Para facilitar la escucha de la lección, indico aquí un sumario de los temas tratados en cada momento:

.-Minuto 0: Planteamiento. Presupuesto Base, valor estimado y precio de licitación.

.-Minuto 1: Presupuesto base: límite máximo de gasto. Previsión presupuestaria.

Minuto 2: Presupuesto base: incluye IVA. Incide  en la cuantía de la garantía provisional.

Minuto 3: Presupuesto base y baja temeraria.

Minuto 4: Valor estimado: presupuesto base + situaciones específicas (prórrogas, primas, modificaciones…)

Minuto 5: Explicación sobre esas situaciones específicas.

Minuto 6: Valor estimado: determina el régimen de impugnación. El precio del contrato.

Minuto 7: Precio: retribución al contratista. Precio cierto.

Minuto 8: Precio: se pagará al contratista.

Minuto 9: Precio del contrato: es parámetro para garantía definitiva.

Minuto 10: Precio del contrato: por precio unitario o por tanto alzado (totalidad del contrato).

Minuto 11: final.

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Una revisión de precios por su propia vía.

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               La disposición adicional segunda de la Ley 26/2022, de 19 de diciembre, por la que se modifica la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario, plantea un curioso supuesto de lex specialis. En efecto, se trata de singularizar el régimen de revisión de precios para el contrato de suministros. Pero no cualquier suministro, sino determinados suministros de material ferroviario. Pero no cualquier material ferroviario, sino “material ferroviario rodante y componentes necesarios para su fabricación y mantenimiento destinados o afectos a contratos con obligaciones de servicio público (OSP), ya sean aquellos contratos administrativos o privados, cuya adjudicación corresponda a cualquiera de las entidades que formen parte del sector público”.  Esta “revisión excepcional” (en palabras de la ley) tiene los siguientes requisitos (seguimos aquí la disposición adicional segunda):

         1.-Plazo: sólo afecta a contratos “que se encuentren en ejecución, licitación, adjudicación o formalización” a la entrada en vigor de la ley “o cuyo anuncio de licitación, adjudicación o formalización se publique en la plataforma de contratación del sector público en el período de un año desde su entrada en vigor”.

         2.-Es una revisión facultativa para el suministrador o proveedor.

         3.-Se introducen ciertas modulaciones en el marco general de las fórmulas y se impone un límite del 20% de cuantía máxima (con lo cual, el resto de la pérdida sí sería asumido por el suministrador):

                  “2. Para el establecimiento de las fórmulas de revisión de los contratos públicos de suministros referidos en el apartado anterior, se habilita a los órganos de contratación correspondientes para la determinación de las propuestas de fórmulas de revisión atendiendo a los principios generales regulados por el Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española.

         En todo caso, previa solicitud del suministrador o proveedor y a efectos de la revisión de precios, se estará a los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística sobre incremento experimentado en el precio de las correspondientes materias primas determinantes para la ejecución del contrato durante el último año desde la solicitud, quedando excluidos conceptos tales como energía y salarios.

         La cuantía máxima de revisión excepcional a que se refiere esta disposición adicional no podrá exceder del 20 % del precio total licitado.”

         4.-Esta revisión de precios va a incidir en la compensación del coste de las obligaciones de servicio público:

         “3. La revisión de precios a que se refiere esta disposición adicional tendrá la consideración de causa ajena a la gestión del operador ferroviario, a los efectos previstos en las cláusulas de imputación de evolución de costes de los contratos que regulen las obligaciones de servicio público.”

         En definitiva, una peculiaridad de difícil justificación, quizás empujada por algún grupo de presión o con el objetivo de solucionar alguna coyuntura empresarial específica.

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Pregunta 56 B.-Contratación pública y Covid-19.

Pregunta 56 B.-Contratación pública y Covid-19.

        1.-Ha sido contundente el golpetazo de la crisis sanitaria sobre la convocatoria, ejecución, gestión y responsabilidades en la contratación del sector público. De hecho, es un proceso que no ha concluido y respecto al cual sólo vamos a dar algunas pinceladas. Seguiremos aquí una ordenación en parte cronológica. Para dar mayor agilidad, eludiré a veces el número del precepto concreto que nos afecta. Cito ya, de entrada, las principales normas que utilizaré:

        a)RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

        b)RD-Ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19 (especialmente,  su art. 16).

        c)RD-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (especialmente, art. 34).

        d)RD-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (especialmente, art. 4).

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        2.-La primera medida adoptada fue de carácter general: suspensión de términos e interrupción de plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. Ello afecta, de entrada, a la tramitación de contratos del sector público. Ahora bien, es cierto que tales entidades podían acordar motivadamente la continuación de los procedimientos administrativosreferidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, a que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios”. Por ahí podría entrar, perfectamente, la elaboración de muchos expedientes conectados con la pandemia y sus consecuencias.

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        3.-Aunque con algunos cambios normativos muy rápidos, la gran estrella de la fase álgida del Covid-19 ha sido la tramitación de emergencia. El RD-ley 7/2020 abre las compuertas y dispone que cualquier medida  directa o indirecta de las entidades del sector público para enfrentarse a la plaga ya justifica la tramitación de emergencia. Ustedes ya la conocen y saben que se regula en el art. 120 LCSP (me remito, pues, a la pregunta 52 de nuestro completísimo programa).

        La irrupción de la emergencia se completa con la atribución al Jefe de  la Misión o Representación Permanente (está al frente de la Embajada) de la formalización de contratos que tengan una ejecución total o parcial en el extranjero.

        Igualmente, se afloja el régimen de los abonos a cuenta por actuaciones preparatorias a realizar por el contratista (es decir, se adelantan los pagos).

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        4.-Celeridad: he ahí el objetivo de las pautas que hemos visto en el punto 3.-.Para evitar abusos, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa recordó que, en la medida de lo posible, deberían mantenerse los siguientes principios:

        a)Publicidad y transparencia.

        b)Formalización del contrato y documentación del expediente.

        c)Justificación de la emergencia. Estamos ante una circunstancia acotada al tiempo estrictamente indispensable y también vinculada a objetivos contractuales conectados con el COVID-19. Ahora bien, esto último no es de fácil delimitación (pues podría cubrir desde la compra de ordenadores para el trabajo remoto hasta el aumento de dotaciones y medios en las fuerzas y cuerpos de seguridad).

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        5.-Los días fueron pasando y el factum principis se hizo efectivo. Esto es, una decisión de la Administración Pública –la declaración del estado de alarma- impedía la efectiva ejecución de los contratos. Además de ello, es probable que algunos contratistas estuvieran pensando en el riesgo imprevisible para excusar su incumplimiento.

        Ahora bien, el art. 34 del Decreto-Ley 8/2020 vino en su socorro y arbitró algunas medidas inspirándose en el principio de conservación del contrato. En síntesis, observamos la siguiente subdivisión:

        a)Medidas en relación a los contratos públicos de servicios y suministros.

        b)Medidas en torno a los contratos de obras.

        c)Medidas respecto a la concesión de obras y a la concesión de servicios.

        Veámoslo sucintamente.

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        6.- a)Respecto a los contratos públicos de servicios y de suministros se dispone lo siguiente:

                a.1) La suspensión total o parcial del contrato si su ejecución deviniese imposible. El órgano de contratación notificará al contratista el fin de la suspensión cuando la prestación ya pueda reanudarse.

                a.2) Si la ejecución del contrato ha quedado totalmente en suspenso, la entidad adjudicadora abonará al contratista ciertos daños y perjuicios efectivamente sufridos durante el período de suspensión, previa solicitud y acreditación fehaciente de su realidad y cuantía.

        Obsérvese que la ley es restrictiva respecto a los daños indemnizables. Así, por ejemplo, se prevé el pago como indemnización de los gastos salariales, salvo que puedan aplicarse las reglas del permiso retribuido recuperable previsto en el Real Decreto-Ley 10/2020, de 29 de marzo. En tal caso, este pago de los salarios no sería una indemnización, sino un abono a cuenta respecto al precio final. Obsérvese, pues, que la Administración garantiza la liquidez del contratista en este aspecto.

        También cubre la Administración, por ejemplo, los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos relativos al período de suspensión del contrato (salvo que se emplearen para fines distintos).

                a.3)Evidentemente, en  muchos casos no será necesario entrar en un procedimiento de valoración y acreditación de daños. Simplemente, se habrá producido una demora. En tal caso, se dispone la ampliación de plazos si el contratista ofrece el cumplimiento de sus compromisos.

        b)Respecto a los contratos de obras, también se estipula la suspensión ante la imposibilidad de ejecución del contrato o la prórroga en el plazo de entrega final.

        Igualmente, la Administración Pública indemnizará ciertos gastos producidos durante el período de ejecución. Por ejemplo, gastos salariales,; alquileres o costes de mantenimiento de la maquinaria, instalaciones y equipos; pólizas de seguros previstas en el pliego y vinculados al objeto del contrato; etc.

        c)En relación a los contratos públicos de concesión de obras y de concesión de servicios, la ley establece un criterio más general y generoso y atribuye al contratista el derecho el derecho de restablecimiento del equilibrio económico del contrato mediante la ampliación de su duración inicial o la modificación de otras cláusulas.

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        7.Como vemos, se trata de dos conjuntos de medidas:

                -Permitir la suspensión y/o demora en el cumplimiento.

                -Cubrir con una indemnización ciertos gastos derivados de las medidas adoptadas (factum principis) o de la propia situación de riesgo imprevisible.

        Todo esto no rige, no obstante, para ciertos contratos que deben continuar su ejecución en los términos ya establecidos. Por ejemplo, contratos de servicios o de suministros sanitarios o farmacéuticos, determinados contratos de servicios de seguridad, de limpieza o de mantenimiento de servicios informáticos, etc. Es decir, se trata de objetos vinculados a la lucha contra el Covid-19 y al mantenimiento de servicios esenciales que no pueden paralizarse.

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Principi de lliure competència i remoció dels concessionaris d’obres públiques i de serveis

 

1.-Els concessionaris d’obres publiques i els de serveis públics  reclamen de vegades, en aquests dies difícils, que s’allargui una mica la concessió, de cara a compensar pèrdues que, als anys de la bonança, no van ser prou previstes. La legislació posa, però, límits temporals estrictes a l’ampliació de terminis com a fórmula per a compensar la baixa rendibilitat actual i esperar que el futur rescabali la migradesa del present. Veurem avui, però, que la tradicional reluctància de l’ordenament per a dilatar la durada d’explotació té, fins i tot, un suport a la jurisprudència europea.

 

 

2.-Així, s’entén que el principi de lliure competència -i també d’igualtat en sentit ampli- té manifestacions cada cop més àmplies. Es considera, en concret, que les concessions (ja siguin d’obres públiques o de serveis) no poden ser per temps il·limitat.

 

A la seva Sentència de 19 de juny del 2008 (Assumpte C-454/06, pressetext Nachrichtenagetur, aps. 3 i 4), el Tribunal de Justícia de la Unió Europea assenyala que la pràctica de formalitzar un contracte públic per temps indefinit és aliena al sistema i a la finalitat de les normes europees en matèria de contractes públics.  S’afirma que aquesta pràctica pot tenir l’efecte , a llarg termini, d’obstaculitzar la competència entre els prestadors de serveis potencials i d’impedir l’aplicació de les disposicions de les directives en matèria de publicitat dels procediments d’adjudicació dels contractes públics.

 

 

3.-El mateix raonament és aplicat pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea a les concessions a la seva Sentència de 25 de març del 2010 (Assumpte C-451/08, Helma Müller, ap. 78). En concret, es proclama que una concessió atorgada per temps il·limitat seria contrària a l’ordre jurídic de la Unió.

 

S’afegeix que l’objectiu bàsic de la normativa europea de contractes públics consisteix en fomentar al màxim la competència. Per això, el Tribunal és partidari de no impedir que, en el futur, altres oferents puguin intervenir amb noves modalitats i fórmules (que podrien ser més eficaces)*.

 

*Sobre aquests temes, recomano la consulta de BERNAL BLAY, M.A., El contrato de concesión de obras públicas y otras técnicas “paraconcesionales” (2010).

 

Constitució a través de diàleg competitiu de societats d’economia mixta que passen a ser adjudicatàries de contractes de col·laboració público-privada.

            1.-El contracte de col·laboració entre el sector públic i el sector privat té un nom reiteratiu, ja que qualsevol contracte administratiu (en realitat, tots els contractes) concreten un marc de col·laboració i de cooperació.

 

            Estem davant una fórmula que, fins ara, ha tingut una aplicació reduïda (ja sigui perquè el seu objecte implica una certa complexitat o bé per l’escassa tradició de la seva presència dins les rutines administratives).

 

            No obstant, la doctrina (BERNAL BLAY) ha assenyalat la freqüent “lleugeresa” en la justificació de la tria d’aquesta fórmula. Hem de partir de la base de que es tracta d’una institució subsidiària, tal com estipula expressament l’art. 11.2 de la LCSP (text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, que entrarà en vigor el 16 de desembre):

 

            “Sólo podrán celebrarse contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado cuando previamente se haya puesto de manifiesto, en la forma prevista en el artículo 134, que otras fórmulas alternativas de contratación no permiten la satisfacción de las finalidades públicas.”

 

            L’indicat art. 134 prescriu l’”avaluació prèvia” per a preparar aquest contracte.

 

 

            2.-Les darreres reformes legislatives en matèria de contractació pública ja havien perfilat el denominat “vessant institucional” de la col·laboració público-privada. Em refereixo a la creació de societats d’economia mixta en el marc d’aquesta relació. La hipòtesi s’ha recollit al traster de les disposicions addicionals (en concret, a la vinti-i-novena). El seu número 1 especifica el següent:

 

      “1. Los contratos públicos y concesiones podrán adjudicarse directamente a una sociedad de economía mixta en la que concurra capital público y privado, siempre que la elección del socio privado se haya efectuado de conformidad con las normas establecidas en esta Ley para la adjudicación del contrato cuya ejecución constituya su objeto, y en su caso, las relativas al contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado, y siempre que no se introduzcan modificaciones en el objeto y las condiciones del contrato que se tuvieron en cuenta en la selección del socio privado.”

 

 

3.-Ara bé, cal observar que l’adjudicació d’un contracte constitutiu de la societat d’economia mixta s’efectuaria normalment pel procediment obert, que exclou qualsevol negociació en els termes del contracte amb els licitadors (arts. 157 i ss. LCSP). No obstant, si el seu objecte consisteix en la realització de determinades prestacions en el marc d’una col·laboració futura público-privada, caldria aplicar la fórmula d’adjudicació pròpia d’aquest darrer contracte. És a dir, aquest contracte administratiu nominat de col·laboració arrossega el seu ritus adjudicatari i l’imposa al contracte societari.

 

      L’adjudicació del contracte de col·laboració entre el sector públic i el sector privat es fa ordinàriament per diàleg competitiu (així ho mana l’art. 180.3 de la LCSP). D’aquesta manera, la flexibilitat pròpia d‘aquest “diàleg” regiria la creació de la societat d’economia mixta i el posterior contracte de col·laboració que se li adjudica directament.

 

            En conclusió, aquestes fórmules més lliures i indeterminades acabarien guanyant la partida als tradicionals contractes típics de tramitació més formalitzada. En aquest bloc, però, no ens esquincem les vestidures i ho considerem una evolució pràcticament inevitable en certs casos. A més, el seu camp ordinari serà, com fins ara, la construcció i gestió de grans complexos arquitectònics o la posta en marxa de vastes transformacions urbanístiques.

Foto de James Wang

 

 

 

Publicat el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

            1.-Tres normes de Dret Públic destaquen especialment en aquests dies finals de la legislatura. En concret, el Text Refós de la Llei de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant, el Reglament de valoracions de la Llei del Sòl i, finalment, el  Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Presentem avui aquest darrer, encara que durant les pròximes setmanes també haurem de dedicar-li alguns articles.

 

            La Llei entrarà en vigor el 16 de desembre.

 

 

Alex S.Maclean.Sarpy County, NE.

            2.-En primer lloc, hem de dir que es tracta d’un text refós, d’acord amb l’autorització establerta per la disposició final trenta-dosena de la Llei 2/2011, d’Economia Sostenible. No ha d’haver-hi, per tant, novetats substancials ja que, teòricament, només es tractaria d’un text per a regularitzar, aclarir i harmonitzar la ja molt dispersa normativa en matèria de contractes públics. Cal afegir que, a diferència de diverses normes precedents en aquest àmbit, l’impuls ha vingut del legislador intern i no pas de la necessitat de transposició de directives europees.

 

            La Llei integra també la normativa fragmentària que ha aparegut aquests darrers anys sobre captació de finançament privat per a l’execució de contractes públics. Aquesta és, darrerament, la principal preocupació del legislador. En aquest sentit, cal recordar que ha caducat el projecte de llei de captació de finançament en els mercats pels concessionaris d’obres públiques. És cert que, en línies generals, algunes previsions d’aquesta norma ja hi eren a diverses lleis disperses. Però és cert que alguns aspectes ja no s’han puntualitzat. Així, per exemple, no consta la referència específica als avals públics per a operacions de crèdit efectuades pel concessionari (que era un dels aspectes importants del projecte de Llei caducat).

 

 

            3.-  Dues notes finals. En primer lloc, la definitiva consolidació del contracte de col·laboració entre el sector públic i el sector privat com a contracte nominat. La doctrina havia discutit intensament aquesta opció ja que, normalment, estem davant  encoberts contractes d’obres (sovint, de concessió d’obres) o de gestió de serveis públics.

 

            Per últim, la disposició addicional segona de la Llei estableix normes específiques de contractació a les entitats locals. En síntesi, regulen la competència dels Alcaldes i presidents de Diputació i del Ple,  la constitució de Juntes i Meses de Contractació i les competències assignades al Secretari i a l’Interventor i, entre altres qüestions, la possibilitat de que els municipis inferiors a 5000 habitants realitzin els seus contractes a través de centrals de contractació de la Comunitat Autònoma o de la Diputació Provincial (art. 204).

 

 

Crònica de jurisprudència XX : responsabilitat contractual de l’Administració concedent d’una autopista quan no ha construït els trams posteriors. Com es concreta el dret al reequilibri econòmic (i II)

  

Alex S.Maclean. Dins del repertori de l'exposició a la Robert Koch Gallery

      

     1.-El Reial  Decret Legislatiu 2/2000 (el ja vell Text Refòs de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques), aplicable a la concessió examinada a la sentència i amb una fórmula molt similar a l’actual, estableix, en relació amb el contracte de concessió d’obres públiques, que ha de mantenir-se l’equilibri econòmic del contracte, tenint en compte l’interès general i l’interès del concessionari. En conseqüència, s’imposa el seu restabliment als següents casos:

 

            a)Quan l’Administració modifiqui, per raons d’interès públic, les condicions d’explotació de ‘obra.

 

            b) Quan causes de força major o actuacions de l’Administració [el conegudes doctrinalment com a factum principis] determinen de forma directa el trencament substancial de l’economia de la concessió.

 

            c) Quan es produeixin els supòsits que s’estableixin al propi contracte per a la seva revisió.

 

 

            2.-La Sala va entendre que l’entrada en servei del tram futur de l’autopista tenia un pes fonamental en la concessió, malgrat no fer-se referència a ella en les clàusules del contracte. Es tracta de la primera part del nou accés a i des d’Andalusia.

 

            El problema, però, és la mesura i prova dels danys produïts. El concessionari va aportar un estudi pericial basat en el tràfic del 2009 (uns 2100 vehicles diaris, que s’anirien incrementant en el futur). No obstant, el Tribunal considerà que aquestes xifres constituïen estimacions basades en projeccions i que no atenien a les dades reals i efectives d’una concessió que ha de durar fins el 2040.

 

 

            3.-La decisió final és una victòria per punts del concessionari, que defensarà la seva sort en “el procedimiento de restablecimiento de dicho equilibrio que deberá incoar y llevar a término la Administración General del Estado, según lo previsto en el art. 248.3 del RD Legislativo 2/2000.”. Aquest article disposa que el restabliment de l’equilibri econòmic es fa mitjançant l’adopció de les mesures que en cada cas procedeixin. Per exemple, modificació de tarifes, ampliació o reducció del termini concessional, variació de les clàusules de contingut econòmic, etc.