1.-La ley distingue dos tipos de control de calidad:

…a) El control ejercido por autoridad competente.

…b) El autocontrol del operador, que podrá ser verificado por entidades de inspección y certificación acreditadas. Este autocontrol también puede ejercerse en un marco de colaboración, ya sea al amparo de una asociación sectorial o bien bajo el paraguas de una cooperativa.

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…       2.-El control oficial implica normalmente actividades inspectoras en las diferentes fases en las que se va formando el producto alimenticio (desde la recepción hasta le envasado, almacenamiento y transporte).

….       Como viene precisando últimamente la legislación con implacable unanimidad, se recuerda que las actuaciones de inspección se realizarán por funcionarios públicos que, en el ejercicio de sus funciones, tendrán la condición de agentes de la autoridad. Están obligados a cumplir el deber de sigilo profesional. Como ya reza en general la legislación de procedimiento administrativo,  se recuerda que los hechos que constaten y que se formalicen en las actas observando los requisitos legales pertinentes, son coronados con el premio procesal del valor probatorio.

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 …      3.-Como ya es habitual en la legislación del sector, se regulan con un cierto detenimiento (art. 9) las medidas cautelares de inmovilización. Son adoptadas por los funcionarios inspectores, pero “deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas, en un plazo no superior a quince días por la autoridad competente” (en caso de alimentos perecederos, se fomenta el acortamiento de plazos). En principio, lo normal va a ser la impugnabilidad del acto confirmatorio o del levantamiento, no del acto previo de trámite (aunque puede haber excepciones).

…       Igualmente, siguiendo la tradición de esta parcela de la actividad administrativa, no hay piedad para la actividad clandestina (art. 9.4):

….       “4. La autoridad competente en sus actuaciones podrá acordar, sin carácter de sanción, la clausura o cierre temporal de empresas, instalaciones, locales o medios de transporte que no cuenten con las autorizaciones o registros preceptivos o no hayan realizado las comunicaciones o declaraciones responsables, en caso de estar sujetos a dicha obligación, hasta que se rectifiquen los defectos o se cumplan los requisitos exigidos para las mismas.”

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   …             1.-La expansión del vituperado sistema capitalista (con sus muchos correctivos, paños calientes, frenos  y vaselinas) está a punto de encarar un hecho totalmente desconocido en la historia de la humanidad. Se trata de la desaparición, si no del hambre, sí de la noción de hambruna, de la escasez devastadora. El éxito está a la vuelta de la esquina –en términos históricos-, a caballo de la ciencia y del libre comercio (como ocurrió con la peste, el cólera y la muerte de un niño en cada familia).

…       En Occidente, las crisis alimentarias ya no son de suministro (con algunas terribles excepciones), sino de seguridad…y de calidad. La legislación española es un buen ejemplo de ello. Pese a la abundancia, subsiste  el engaño y, por tanto, el papel vigilante y disciplinario de la Administración Pública pasa a ser fundamental.

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…       2.-El lector fiel de legislación –ya saben ustedes que yo me desayuno cada mañana con el BOE- habrá detectado un error que no me acaba de encajar. Hace sólo cuatro años, aún bajo el anterior Gobierno, fue promulgada la Ley  17/2001, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición. Una Ley de ambicioso contenido, ya que pisaba el terreno clásico de la policía administrativa sobre la producción, distribución y venta de alimentos y, además, daba algunas nociones o criterios sobre orientación de hábitos nutricionales. En su articulado, el legislador se enfrentaba, por ejemplo, con la noción de trazabilidad, con los controles previos que deben afrontar los operadores económicos, con la inspección administrativa y los principios de actuación ante una crisis alimentaria, etc.

…        Pues bien, la nueva Ley 28/2015, dedicada a la defensa de la calidad alimentaria, incide en algunas cuestiones idénticas (trazabilidad, controles, etc.), pero no menciona en ningún momento a la Ley del 2011. No existe, tampoco, ninguna disposición derogatoria (ni expresa ni tácita, aunque esta última hay que considerarla implícita). Se alude al ya clásico Real Decreto 1945/1983, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, desfilan por la Exposición de Motivos una enorme preocupación por la unidad de mercado y una generosa retahíla de normas comunitarias, así como el aviso de modificaciones a la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Pero nada se dice sobre la ley previa, respecto a la cual hay una amplia coincidencia de temas (inspección, trazabilidad, etc.). Ciertamente, se puede distinguir entre seguridad y calidad –esto es lo que hace el art. 2.2.-, pero las conexiones son abundantes.

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 …      3.-Antes de iniciar el estudio de esta norma, conviene decir que no se incluyen en su articulado, de acuerdo con el art. 2.2. “los aspectos higiénico-sanitarios y de seguridad alimentaria; la legislación específica de organismos modificados genéticamente y de la irradiación de productos alimenticios; la oferta para la venta al consumidor final, incluidos los obradores de las instalaciones detallistas; el comercio exterior; la producción primaria, incluida la legislación sobre bienestar de los animales y la producción ecológica.”.

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