1.-Una llei de dinamització econòmica hauria de ser una bona excusa per a alterar (o derogar, tout court)  i donar més alegria a la regulació d’horaris comercials. Però no ha estat aquesta l’opció de la Llei catalana 9/2011, de promoció de l’activitat econòmica. Les seves modificacions de la vigent Llei 8/2004, de 23 de desembre, d’horaris comercials, han estat molt reduïdes.

 

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2.-Amb la reforma, certs establiments que gaudien d’un règim de major llibertat d’horaris -els situats en municipis turístics, les mal denominades “botigues de conveniència” i els petits establiments d’alimentació- ja poden obrir l’1 de maig i l’11 de setembre (només han de tancar l’1 de gener i el 31 de desembre).

 

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3.-D’altra banda, es preveu l’evacuació d’informe de les entitats patronals en relació a la proposta de declaració de municipi turístic (al costat dels informes que ja existien).

 

Es regula també la pròrroga de la condició de municipi turístic, que serà normalment de quatre anys. Fins i tot, un nou art. 3.6 de la Llei d’horaris comercials disposa una “mini-pròrroga” si ja no apareixen turistes:

 

“”6. En cas que es denegui la pròrroga de la condició de municipi turístic, si

l’ajuntament afectat acredita que la pèrdua d’aquesta condició comporta una pèrdua

significativa de llocs de treball en el municipi o d’ingressos tributaris de la

corporació municipal, la dita condició es pot prorrogar fins a un termini màxim

de dos anys.”

 

            En definitiva, una norma tímida que apura fins l’últim glop l’obsoleta categoria del “municipi turístic”. Precisament, l’orientació actual del turisme és que tot el territori pot ser  un producte turístic.

 

 

 

 

 

 

1.-Parlàvem fa poc de dos aspectes on s’està debatent l’acostament entre els paradigmes (cada dia més propers) de les ciutats europees i les nord-americanes. Per una banda, la implantació de grans establiments comercials, on ja hem comentat una Llei catalana de promoció econòmica francament tímida i conservadora de l’statu quo.

 

L’altre àmbit de discussió són els horaris comercials, en els quals també incideix la mateixa Llei.

 

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2.-La Llei estatal 1/2004, d’horaris comercials, va donar passes fermes cap a la liberalització, però deixava la pilota en molts punts a la teulada de les Comunitats Autònomes. De tota manera, l’art. 5.1 ja imposava la lliure determinació d’horaris en certes botigues:

 

“1. Los establecimientos dedicados principalmente a la venta de pastelería y repostería, pan, platos preparados, prensa, combustibles y carburantes, floristerías y plantas y las denominadas tiendas de conveniencia, así como las instaladas en puntos fronterizos, en estaciones y medios de transporte terrestre, marítimo y aéreo y en zonas de gran afluencia turística, tendrán plena libertad para determinar los días y horas en que permanecerán abiertos al público en todo el territorio nacional. “

 

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3.-A la resta de negocis, les Comunitats Autònomes podien bastir una política pròpia d‘horaris comercials (respectant alguns mínims per a tot Espanya, com per exemple els vuit diumenges i festius d’apertura autoritzada).

 

Amb el temps, el model català ha estat un dels més restrictius i a penes ha emprat les facultats atorgades per la Llei estatal. Contràriament, l’opció de la Comunitat Autònoma de Madrid s’ha acostat cada dia més cap a la llibertat total. L’estació final seria l’art. 6 de l’avantprojecte de Llei de dinamització de comerç minorista madrileny (que encara està en fase discussió):

 

“Artículo 6. Libertad de apertura comercial en días festivos.

Cada comerciante determinará con plena libertad y sin limitación legal alguna, en todo

el territorio de la Comunidad de Madrid, los festivos de apertura en los que desarrollará su actividad comercial.”

 

 

“   4.-Los partidos políticos son imprescindibles para el funcionamiento de nuestra democracia. Asumimos, además, que son, en general, estructuras democráticas y abiertas. Por eso instamos a todos los españoles a integrarse y participar en la vida de los partidos: cuanto mayor sea la participación mayor será la proximidad de los partidos a los ciudadanos y mayores las posibilidades de que desde dentro de los partidos se produzca la transformación de la forma de hacer política. Ahora bien, en las circunstancias actuales es preciso realizar un esfuerzo importante de apertura de los partidos a la sociedad; esfuerzo que ha de concretarse en la abolición de las listas cerradas. Las elecciones deben permitir que los ciudadanos elijan de entre los candidatos presentados por los partidos aquellos que prefieran, sin tener que limitarse a optar por una u otra lista. Las listas abiertas son un elemento que incrementa la participación ciudadana y, a la vez, una limitación al poder de los partidos que, con el sistema actual, tienen una incidencia determinante en la composición de los distintos Parlamentos y demás órganos elegidos.

 

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Los partidos hasta ahora, y con evidentes excepciones, no han sido mecanismos que llevaran a los mejores a las más altas cotas de responsabilidad. Una tarea fundamental de los partidos es la selección de las personas que han de desempeñar los cargos de más responsabilidad en nuestra vida política (Presidente del Gobierno y de las Comunidades Autónomas, Ministros y Consejeros, Diputados y Senadores, etc.). En los últimos años hemos visto como personas imputadas asumían y asumen dichos cargos; cómo personas sin formación académica ni curriculum personal son designados para puestos de una altísima responsabilidad. Esta situación pone en evidencia un fallo en el funcionamiento de los partidos que debe ser objeto de enmienda. Una mayor participación ciudadana y la sustitución de las listas cerradas por listas abiertas pueden ser un acicate para que los partidos opten por la vía del rigor y la excelencia en la confección de sus listas y en la elección de las personas que han de ejercer cargos de responsabilidad, tanto en los partidos como en las distintas administraciones, en los órganos legislativos y en las altas magistraturas judiciales. Solo así se conseguirá lograr una revalorización de la política y devolver el prestigio que merece la tarea que llevan a cabo los políticos.

 

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Ahora bien, esta transformación tiene que ir acompañada de un cambio en la forma de hacer, en la que el debate sobre las ideas y actuaciones tiene que ser el único eje. Rechazamos que la política sea utilizada para la descalificación personal; vía fácil para exaltar emociones y hurtar a los ciudadanos debates sustanciales. No debería nunca votarse a un partido más que a partir de sus propuestas y planteamientos, lo que exige que todos los ciudadanos asuman la obligación de votar responsablemente, atendiendo a programas y teniendo en cuenta las propuestas que hacen unos y otros. Cualquier medida de gobierno que no estuviera incluida en el programa electoral solamente debería poder ser adoptada tras someterla a la consideración de la ciudadanía por medio de referendum, pues supone una actuación más allá de la representación otorgada por medio del voto. Este principio, que –evidentemente- puede admitir excepciones, es básico para que la ciudadanía asuma la necesidad de valorar programas y contenidos y no meras simpatías. Es una medida que contribuiría a elevar el bajísimo nivel actual del debate político.

 

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…5.-La Administración ha de estar al servicio de los ciudadanos y no de los partidos. La proliferación de administraciones más parece justificada por la necesidad de colocar afines que por objetivos intereses generales. No sólo debe evitarse la proliferación de nuevas instituciones supérfluas e infructuosas  sino que debe estudiarse una reducción de la Administración y de las administraciones existentes, con criterios de eficiencia y racionalidad.

 

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Además, deben eliminarse todos los cargos de designación política. La Administración ya está servida por empleados públicos que acceden –y debe velarse porque así sea- a sus cargos través de los criterios de mérito y de capacidad y que han de ser siempre leales con aquéllos a quien la voluntad popular ha puesto al frente de los designios públicos. Estos empleados públicos han de ser suficientes para la llevanza de los asuntos públicos, por lo que el recurso a cargos de designación directa no se encuentra justificado.

 

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…6.-Igualmente debe revisarse el sistema de financiación de los partidos políticos. Dado que son una pieza fundamental del engranaje democrático, deben recibir una financiación pública suficiente, que puede venir dada por los resultados electorales obtenidos. El recurso al crédito debería estar prohibido, así como las donaciones anónimas. Los partidos deberían ser restrictivos en sus gastos y austeros. Las campañas electorales deberían ser igualmente austeras; la ocupación del espacio público por pancartas y la realización de mítins no se encuentra justificada hoy en día para la transmisión del mensaje político, debiendo optarse por vías menos gravosas y más sostenibles para la difusión de las ideas propias tales como la organización de debates y encuentros tanto en los medios de comunicación tradicionales como a través de internet. El envío de propaganda electoral a los domicilios debería estar prohibida. El objeto y la función de los partidos políticos, esencial en una democracia parlamentaria, justificaría además que las cuentas de los partidos políticos fueran transparentes y estuvieran a la disposición del público.

 

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Por último, España debe formar parte de la Unión Europea, y no sólo por razones económicas, sino también sociales, culturales e históricas. Pero no sirve una Europa cualquiera. Por consiguiente, debería aspirarse a una regeneración democrática de mayor alcance. En este sentido, es necesario construir una Unión Europea fuerte, democrática, solvente, que constituya un referente esencial en las relaciones internacionales y sin la que sea concebible el futuro mundial.”

      1.-No és possible entendre els darrers cinquanta anys de la història d’Espanya sense la presència insistent i angoixosa  de la qüestió basca. Passa el mateix amb moltes institucions del Dret Públic espanyol: des de la instauració i definició competencial de l’Audiència Nacional fins a la redacció restrictiva i puntosa de la legislació de partits polítics, passant per la normativa antiterrorista, realment dura i diferenciada del procés criminal ordinari als anys vuitanta. El tema supurava fins i tot en assumptes molt més petits, com per exemple indicaven els debats parlamentaris sobre la legislació d’accés als documents administratius, on sempre apareixia l’ombra del seu efecte a les oficines situades a Euskadi.

 

      També caldria esmentar els diversos intents de negociació o la formulació d’alternatives a la vigent Constitució, que han fet replantejar moltíssims debats  jurídics.

 

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      2.-En aquestes pàgines ens hi hem referit diverses vegades. Així, per exemple, en relació a la sentència del Tribunal Constitucional sobre la legalització de Bildu o a la promulgació i punts principals de la recent  Llei de Reconeixement i Protecció Integral de les Víctimes del terrorisme.

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      3.-Aquest bloc va néixer a un seminari per a regidors i alcaldes. Per tant, sempre hem tingut en el punt de mira els assumptes locals. En aquest sentit, costa de trobar a la història recent d’Europa un exemple d’heroisme comparable als centenars de regidors i alcaldes que, en condicions terribles, han assumit els seu deures de representació. Alguns pagaren amb la pròpia vida.  

 

      Es parla ara desdenyosament –des de la ignorància- sobre “els polítics”. Però aquests homes i dones han format un gremi excepcional. Ja sé que ha hagut crims de major relleu però, quan parlem d’aquests temes, sempre em ve al cap Manuel Zamarreño, calderer en atur i regidor de Renteria. Va substituir un company i regidor assassinat. Era el següent de la llista i va decidir ocupar el lloc. Una bomba acabà amb la seva vida el 25 de juny del 1998.