Poemas y papeles del viejo baúl. Carlos Barral.

26 de abril de 20221 de junio de 2022 ~ Joan Amenós ~ Deja un comentario

[Anotado el 11 de noviembre de 2015].

…Se nos fue Yvonne Barral. Como dijo Arcadi Espada, ella «merece la admiración de todos los que consideramos a Carlos Barral como un asunto propio«. Baste este mínimo y estimado fragmento de las Memorias de Carlos Barral, un monumento literario e histórico, el libro que anula todos los panfletos de autoayuda:

… “Dije que Calafell me había descubierto el miedo adulto, los miedos de la madurez, y cuento una historia que hubiera podido ocurrir en cualquier parte. Pero no es una asociación gratuita. Es en Calafell, desde ese personaje disfrazado de viejo marinero ahora, de simple marinero y de viejo prematuro hace quince años, que tiene tiempo de juzgar al escritor escaso y premioso, al editor institucional de la izquierda literaria, al padre de familia abrumado, es en Calafell donde he ido identificando los temores que tienen que sortear las artes de ser maduro. El miedo físico, a la falta de respuesta del cuerpo, tantas veces presente en los ejercicios de la mar, el miedo a volverse tonto, a perder imaginación y memoria, tan frecuente en el paseo solitario mascando los versos de un poema inacabado que no quiere continuar, el miedo a la inseguridad, el miedo a enfermar, a verse disminuido y en definitiva el miedo a uno mismo, a no saberse soportar más. El acarreo del miedo, de toda clase de vagos temores confesables pero que no interesan a nadie, y sobre todo del miedo al desacuerdo definitivo con la propia imagen, es una constante de la conciencia de madurez. Terminada la juventud se está a merced del miedo. Y es natural que el miedo nos asalte principalmente en los paisajes del ocio, en el secreto de las pausas en las que somos nuestro propio interlocutor”.

Carlos Barral.

***

Visions a contracorrent. L’Eixample com a exemple.

25 de abril de 2022 ~ Joan Amenós ~ Deja un comentario

Molts canvis urbans radicals i que, a la llarga, són valorats amb l’aplaudiments general, no tenen uns començaments fàcils. Els lectors d’aquest quadern potser recordaran les crítiques que van patir les primeres illes per a vianants i que avui ningú no trauria. Per exemple, el Portal de l’Àngel de Barcelona, que era un carrer amb força trànsit rodat.

Amb una escala diferent, el mateix va passar amb l’Eixample. En un altre lloc, ja havíem vist que la seva imposició i configuració inicial van venir de la mà del Govern central (amb una interpretació agosarada de la normativa llavors vigent) i de l’actuació i insistència de Cerdà. Van tenir en contra el consistori barceloní i la pràctica totalitat de les forces vives de la ciutat. Rafel Puget ens recorda, a través de Josep Pla, que la incomprensió també la va sofrir el gran alcalde Rius i Taulet:

“Ara s’escriuen llibres sobre Rius buscant la seva vida i miracles en els diaris i es pretén unir la seva figura amb el fenomen, merament superficial, de l’Exposició del 88. Jo, que el vaig conèixer, que vaig veure tantes vegades les seves fluents patilles de burgès “victorià”, crec que Rius fou molt més que l’autor de l’Exposició Universal. El mèrit gros, decisiu, de Rius fou haver cregut, com a alcalde, en l’esdevenidor de l’Eixampla [sic], en contraposició amb gairebé tota l’alta burgesia catalana. Això és un fet considerable, sobretot recordant, en perspectiva, l’actuació dels alcaldes que Barcelona ha tingut en l’últim mig segle passat: tots han anat a remolc i a vint anys de retard de la vitalitat de Barcelona.”

Josep Pla. Un senyor de Barcelona.

***

Sábados exclusivos. Efectos secundarios de la «personitis».

23 de abril de 20229 de diciembre de 2022 ~ Joan Amenós ~ Deja un comentario

1.-Se quejaba hace unos meses el insigne laboralista y ex-presidente del Tribunal Constitucional, don Francisco Pérez de los Cobos, de la sustitución de la “expresión tradicional de “trabajador” por la muy cursi y perifrástica de “persona trabajadora””. Añadía –y creo que esto es realmente relevante- que “produce cierto sonrojo ver cómo, en aras de la corrección política, el sindicalismo de clase abandona sin embarazo el término al que está históricamente ligada toda su épica”[1].

En efecto, el legislador muestra signos evidentes de “personitis”. Es un mal que nace de otro mal, la gasolina con la que se quiere apagar el fuego. Advertido de la fealdad que supone ir repitiendo pesadamente “el administrado y la administrada”, “el decano y la decana”, etc., pone en marcha la solución “personadora”: “persona trabajadora” en vez de trabajador, “persona destinataria” en vez de destinatario, “persona notificada” en vez de notificado, “persona personada” en vez de personado, etc.

2.-La enfermedad ha llegado también, lógicamente, al veloz Decreto-Ley. Así, el ya famoso artículo 46 del solemne Decreto–Ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, se abre con la alusión a “la persona arrendataria de un contrato de alquiler de vivienda”. Sin duda, la gravedad del tema (se le otorga una congelación temporal de la renta) merecía ese altísimo tratamiento.

La cosa cambia cuando nos referimos a la otra parte de la relación jurídica. Aquí no hay modernidades que valgan y, en las tres ocasiones en que aparece, se habla sin piedad del “arrendador”. Ni siquiera un simple “arrendador o arrendadora”. Nada de nada: destituido con el timbre de la vieja usanza. Lo mismo ocurre, en fin, con la expresión “gran tenedor”, que se nombra también en tres ocasiones y para la cual tampoco se piensa en la “gran tenedora” (un quisquilloso podría decir que hay aquí una evidente negación de que una mujer pueda ser gran tenedora, cosa que nadie impide).

Mientras pergeñaba este articulillo, me ha llamado “el Defensor del legislador” y me ha precisado que el arrendatario es una persona física y de ahí la “personitis”. En cambio, el arrendador incluiría también a las personas jurídicas. De hecho, se indica expresamente que el gran tenedor puede ser una persona física o jurídica (así se concreta en la regla en cuestión). Le respondo que, en tal caso, con mayor razón merecería el arrendador el título de “persona”, pues cubriría con más énfasis tanto la física como la jurídica. Enfadado, me responde con cajas destempladas que “desde lo de Ucrania, los que firman son la persona arrendataria y el arrendador”.

3.-En fin, con lo que fácil que hubiera sido decir que la relación arrendaticia se establece entre arrendador y arrendatario, como suele el pueblo fablar a su vecino.

***

.-Fuente: aquí.

Y la imparcialidad se trocó en dependencia. Nota sobre la valoración de los informes emitidos por funcionarios públicos.

22 de abril de 202222 de abril de 2022 ~ Joan Amenós ~ Deja un comentario

El prestigioso abogado A. Benítez de Ostos llamaba la atención hace unos días en Economist&Iuris sobre la interesante sentencia del Tribunal Supremo de 17 de febrero del 2022 (Res. 202/2022; Pon. DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ). En ella, el Tribunal se pronunciaba sobre la naturaleza y valor de los informes y dictámenes de funcionarios y expertos al servicio de la Administración. Aunque alguna afirmación corre íntimamente ligada al supuesto –relativo a concretos mecanismos de protección del patrimonio histórico-artístico- convendrá retener lo siguiente.

1.-No todos los informes de origen funcionarial que son elaborados por “auténticos técnicos” (en función de su formación, categoría y posición), pueden ser considerados como prueba pericial. El Tribunal considera que ello ocurre “destacadamente cuando las partes no tienen ocasión de pedir explicaciones o aclaraciones” (remitiéndose al respecto a la Ley de Enjuiciamiento Civil y a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

¿Qué ocurre, pues, con esos informes que tan habituales son en la práctica administrativa? Para el Tribunal, deben ser considerados documentos administrativos “y como tales habrán de ser valorados”. En el marco del procedimiento administrativo (por tanto, no me refiero aún a la fase contenciosa) ha de tenerse en cuenta al respecto el art. 77.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

“Los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce condición de autoridad y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes se recojan los hechos constatados por aquéllos harán prueba de éstos salvo que se acredite lo contrario.”

Es verdad, no obstante, que este precepto está más bien pensando en la percepción de hechos que en la exposición de una pericia, pero conviene tenerlo en cuenta ante la remisión del Tribunal a la categoría de la prueba documental.

2.-Si no existe la objeción indicada en el epígrafe anterior, es cierto que los informes y dictámenes elaborados por expertos de la Administración serán “subsumibles dentro del medio de prueba oficialmente denominado “dictamen de peritos” en tanto en cuanto reúnan las características que al mismo atribuye el art. 335 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: que “sean necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos” y que las personas llamadas como peritos posean los conocimientos correspondientes”. Y añade que, “en pocas palabras, se trata de que la acreditación de un hecho requiera de conocimientos especializados”.

El Tribunal admite que una parte relevante de los empleados públicos desempeñan precisamente funciones de naturaleza técnica o científica. Veamos ahora la valoración de estos dictámenes.

**

3.-La sentencia recuerda los principios tradicionales de libre valoración de la prueba o valoración en conciencia. Precisa que “la valoración de la prueba pericial según las reglas de la sana crítica es, así, una valoración libre debidamente motivada; algo que, como es obvio, exige realizar un análisis racional de todos los elementos del dictamen pericial, sopesando sus pros y su contras”. Para realizar esa valoración, propone lo que podríamos llamar un doble método.

4.-El primer método es de carácter objetivo y se concreta en un “análisis comparativo de los argumentos desarrollados en los distintos informes y dictámenes recogidos en las actuaciones”. El Tribunal ha de sopesar “la mayor o menor solidez de cada uno de los dictámenes periciales, teniendo en cuenta sus fuentes, su desarrollo expositivo, e incluso el prestigio profesional de su autor” [por eso hay que recordar constantemente a los jóvenes estudiantes –en contra de la ya evidente degradación pedagógica- la importancia de escribir con claridad y precisión].

*

5.-El segundo método podríamos calificarlo de “determinación de posiciones subjetivas”. En el terreno de la prueba pericial, afirma el Tribunal que “no es lo mismo un funcionario inserto en la estructura jerárquica de la Administración activa que alguien que –aun habiendo sido designado para el cargo por una autoridad administrativa- trabaja en entidades u organismos dotados de cierta autonomía con respecto a la Administración activa”.

Es más, se considera que le sería aplicable al funcionario la tacha de peritos no designados judicialmente que se refiere a “estar o haber estado en situación de dependencia o de comunidad o contraposición de intereses con alguna de las partes o con sus abogados o procuradores”. Este método que he bautizado libérrimamente como “determinación de posiciones subjetivas” llega a implicar, según el Tribunal, que “el funcionario inserto en la estructura jerárquica de la Administración activa está manifiestamente en una situación de dependencia”. Por tanto, el juzgador habrá de valorar “el mayor o menor grado de dependencia del experto con respecto al órgano llamado a decidir”.

Ciertamente, el Alto Tribunal está constreñido por el caso concreto. Sé que deberíamos ahora reflexionar sobre la configuración de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español y sobre la perversión que en la apariencia de imparcialidad provoca la libre designación como mecanismo de provisión de ciertos puestos de trabajo de carácter directivo.

Ahora bien, como mínimo es curioso que la idea de imparcialidad del funcionario público –bendecida constitucionalmente en el art. 103.3 de la Norma Suprema- se vea aquí convertida, más bien, en pura dependencia. Precisamente, para valorar la prueba documental suscrita por un funcionario público sí se tiene en cuenta esa imparcialidad (por ahí va la asentada doctrina respecto a los inspectores administrativos y a su carácter funcionarial). Pero lo que se ve como posición neutral en un lugar se mira luego –ya en sede judicial y para la prueba pericial- como manifestación de dependencia. ¿Puede un sujeto dependiente ser imparcial? Gruesa cuestión.

[Fuente: aquí]

***

Esborranys per a una conferència sobre planificació i gestió del territori (i II).

21 de abril de 202221 de abril de 2022 ~ Joan Amenós ~ Deja un comentario

Havíem exposat ahir les tres idees preparatòries elementals i ens caldria parlar ara una mica més de la figura del Pla. En primer lloc, cal dir que es tracta d’un conjunt de decisions que, prèvia anàlisi d’una situació, fixen objectius per a un període de tems i disposen certs recursos i actuacions. Com veuen, és un definició tan àmplia que podria aplicar-se als plans públics i als plans privats. Només ens interessen els primers.
Els plans de caràcter públic poden aprovar-se per Llei (per exemple, el Pla territorial general de Catalunya) o per normes de rang reglamentari. Poden ser vinculants o merament indicatius o orientadors. Aquesta última era la idea present als “Planes de Desarrollo Económico y Social” impulsats a la segona meitat del segle passat i fou, de fet, la idea predominant a Occident durant el segle XX (en contraposició a la planificació imperativa dels països socialistes).
No obstant, el nostre ordenament admet la planificació administrativa vinculant . Per exemple, als plans d’urbanisme i ordenació del territori (que veurem de seguida), als plans d’ordenació dels recursos naturals, als plans de regadius, als plans forestals, etc.
Els plans públics poden sen interns o externs. Dins d’aquests últims, ens interessen els que fan referència les polítiques sobre l’espai. Hem de distingir al respecte entre Plans d’ordenació del territori i plans urbanístics stricto sensu.
Els plans d’ordenació territorial tenen un grau jeràrquic superior i marquen les grans opcions d’actuació sobre l’espai. Són aprovats per autoritats supralocals (la Llei en el cas del Pla Territorial General i el Consell Executiu en la resta). En són exemples el citat Pla Territorial General, el Pla Territorial Parcial, el Pla Territorial Sectorial (com el Pla d’Espais d’Interès Natural, etc.).
Els plans urbanístics queden vinculats pels que hem citat a l’epígraf anterior. Entre ells podem citar el pla general Municipal d’ordenació (també dit POUM), els plans parcials, els plans especials, etc.
Els plans d’urbanisme incideixen en l’exercici dels drets de propietat immobiliària i de llibertat d’empresa (el cor de l’economia, realment).El més rellevant és el PGMO o Aquest Pla classifica el sòl en les tres categories d´urbà, urbanitzable i no urbanitzable ( o rural). No obstant, la classificació del sòl urbà és reglada (terrenys amb categoria de solar i ja integrats en la xarxa urbana i amb els serveis pertinents). En el sòl urbà, la idea central és la conservació de les facultats (amb expropiació en cas de remoció i noves cessions urbanístiques en cas d’ampliació).
El sòl urbà (i el sòl urbanitzable que es produirà) es distribueixen en zones amb una determinada previsió d’edificació i amb les activitats i usos admissibles (ús d’habitatge, ús comercial, ús industrial, etc.). Això imposa unes regles determinats per al joc econòmic (vegeu, per exemple, “Contra los bancos y las cajas de ahorros”).
El PGMO és aprovat provisionalment pel municipi i, definitivament, per la Comunitat Autònoma (que controla l’acompliment de la legalitat i el respecte al requeriment d’interès supralocal). Cal tenir en compte que la competència legislativa correspon a les Comunitats Autònomes, encara que existeix una Llei que cobreix els diversos aspectes de competència estatal (per exemple, els relatius al dret de propietat). Es tracta del Reial Decret Legislatiu 7/2015, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana. A Catalunya, cal ressenyar el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
El Pla d’urbanisme és una norma jurídica de caràcter reglamentari, però amb certes peculiaritats. Entre aquestes, podem citar la complexitat documental. En efecte, un pla qualsevol (especialment, el Pla general municipal d’ordenació) està integrat per una memòria justificativa, les Normes urbanístiques (és a dir, l’articulat) i la documentació gràfica. El seu llenguatge és especialitzat i, com s’ha dit sovint, esotèric i complex. Això es deu a moltíssimes raons. En primer lloc, l’especificitat de la matèria. En segon lloc, la pluralitat de tècniques i coneixements implicats (Dret, economia, geografia, sociologia urbana, etc.). En tercer lloc, el caràcter de Pla, amb objectius i resultats, i no només de norma.
Fins ara hem donat una visió juridicista de la qüestió. Però el Pla urbanístic és molt més. El PGMO, en concret, implica un dibuix complet del territori, amb xarxa de comunicacions, espais lliures i per a equipaments, previsions d’habitatges, etc. És a dir, té un caràcter global que el gran enginyer i planificador que fou Albert Serratosa condensava en “la regla del cinc pelat” (sobre això, vegeu aquí: ***).
Un cop feta l’operació planificadora en els seus diferents nivells, cal gestionar-la i vigilar el seu acompliment. Entrem, per tant, en els camps de la gestió i la disciplina urbanística. Aquest últim aspecte no el treballarem, però cal recordar que inclou ordres de suspensió i de legalització de les obres sense permís, exigència de llicència o dels tràmits que siguin pertinents i aplicació d’un règim sancionador. Això inclou la inspecció urbanística, com a eina per a controlar la configuració i l’ús dels terrenys i de les construccions.
La gestió al sòl urbanitzable es fa habitualment a través del sistema de compensació o bé d’expropiacions. Els propietaris afavorits per les noves possibilitats d’edificació cediran el percentatge terreny que marqui la Llei per a vials, equipaments, habitatge públic, La cessió –com a contrapartida ex lege per la nova edificació atorgada, constitueix la clau del mecanisme de creació de ciutat (en altres sistemes, com el francès, es prefereix la noció de tribut com a requisit per a l’execució de les facultats edificatòries que atorga el Pla).
Més problemes presenta actualment, no obstant, la qüestió de la gestió i disciplina dels sòls urbans, del que ja ha estat construït. En efecte, les ciutats es desgasten, “construïdes lentament/amb pedres que ahir van ser/vides humanes: amors, sofriments que ningú recorda”[1].
D’acord amb el marc jurídic vigent, l’edifici neix un cop obtinguda i executada la pertinent llicència (la mera comunicació operaria per a actuacions menors). Al llarg de la vida d’aquesta construcció, el propietari podria optar per l’enderroc i el permís li podria ser concedit, excepte que alguna norma tuïtiva ho impedís (i això sense perjudici de les conseqüències civils d’aquesta cirurgia destructiva).

L’ordenament permet al propietari gaudir de l’habitatge i també disposar d’ell. Ara bé, l’imposa, a més un deure de manteniment, pensant principalment en els tercers (que no han de patir els efectes de la seva desídia, manifestats en una mola de pedra i ferralla deixada de la mà de Déu). El Codi Civil [2] ha resumit perfectament la qüestió:

a) Si un edifici, paret, columna o qualsevol altra construcció amenacés ruïna, el seu propietari :

-Estarà obligat al seu enderroc.

-O bé, a executar les obres necessàries per a evitar la seva caiguda.

b) Si el propietari no ho fes, l’Autoritat podrà fer-la enderrocar a costa seva. No obstant, s’ha interpretat tradicionalment que aquesta autoritat (pel que ens interessa, l’Administració Pública), també podria ordenar la mesura de menys gravetat: la realització de les obres que siguin precises.

Cal recordar, a més, que el propietari d’un edifici és responsable dels danys que resulten de la ruïna de tot o d’una part d’ell, si aquesta situació sobrevé per falta de les reparacions necessàries.

La cadena iusprivatista de protecció es tanca amb la generalització de l’assegurança de responsabilitat civil. Es procuraria així no produir un dany per culpa o negligència a tercers que, infaustament, podrien ser víctimes de l’edifici en mal estat.

Ara bé, el cert és que, com hem vist, el Codi Civil mostra una gran confiança en el paper de l’Administració. Neix així una impressionant policia administrativa de la construcció, dirigida al manteniment de les condicions de seguretat, salubritat i ornat públic. Actualment, a més, s’afegeixen les condicions d’accessibilitat i l’ornat públic engreixa amb motivacions turístiques i culturals. Fins i tot, es nega al propietari la facultat d’enderrocar si el bé s’inclou en un catàleg de protecció o si queda afectat pels supòsits tuïtius de la legislació de patrimoni històrico-artístic.
Neix així el substanciós problema del deure de conservació i de les ordres d’execució d’obresque, en relació amb ell, dicta l’Administració. I dic substanciós perquè l’esmentat deure no ha parat de créixer i planteja delicats debats jurídics. Així, per exemple, es diferencia l’obligació de conservar del deure d’adaptació als requisits tècnics que la normativa va imposant (és a dir, nous estàndards, que poden operar en alguns casos retroactivament). D’altra banda, es considera que dins del normal manteniment poden encabir-se regulacions per motius històrics o culturals i també de millora de la qualitat o sostenibilitat. La regla tradicional ens diu que si es tracta de millores d’interès general, el seu pagament no correspon al propietari. Ara bé, la hipertròfia del deure de conservació ha portat el legislador fins i tot a establir un límit econòmic a les obres que s’imposin (en concret, el 50% del valor de l’edifici).
El mecanisme ordinari de control es tanca amb la inspecció tècnica d’edificis, que és una branca de la inspecció urbanística en sentit general. D’acord amb el Tribunal Constitucional (STC 26 de gener del 2016), la normativa d’inspecció d’edificis regula un instrument urbanístic que té dues branques:
-La comprovació de l’acompliment del deure de conservació que correspon als propietaris (la inspecció tècnica d’edificis).
-La prevenció i el control de les irregularitats o il·legalitats urbanístiques (la inspecció urbanística stricto sensu).
La inspecció administrativa és un instrument rellevant de l’activitat administrativa de limitació de drets o de policia. En matèria urbanística, ha estat un instrument rellevant i la seva importància ha augmentat a causa de la transformació del model de llicència prèvia en un model basat en la comunicació prèvia i en la declaració responsable. No obstant, és cert que una gran part d’aquestes inspeccions –les que no precisen un aprofundiment tècnic intens- són realitzades per la policia local en el marc de la policia general. Només en el cas de les Comunitats Autònomes i en els municipis amb més mitjans es porta a terme ordinàriament aquesta tasca per funcionaris inspectors especialitzats. Sense una adequada inspecció, no és possible dictar correctament cap de les mesures previstes al catàleg de resolucions de disciplina urbanística.
En definitiva, un delicadíssim instrumental amb dubtoses possibilitats d’èxit tenint en compte, a més, el futur dels pressupostos públics. D’altra banda, el triomf de les “tres r” (regeneració, rehabilitació i renovació) implica de manera gairebé automàtica la criticada “gentrificació” dels cascos antics, que sols pot suavitzar-se amb una política omnipresent d’habitatge públici amb una adequada fixació geogràfica dels serveis públics. En aquest sentit, alguns companys italians em comenten que ja ha començat la reflexió acadèmica sobre la recuperació de les ciutats després de la pandèmia i el paper que han de jugar les administracions públiques i els seus instruments.
El que hem vist ara implica una visió individualitzada dels edificis, però és cert que, quan s’identifica un conjunt amb envelliment i patologies urbanes, la legislació dóna algunes eines per a facilitar la reforma interior. En efecte, Aquesta introducció quedaria coixa si no féssim una succinta referència al nou model de regeneració, rehabilitació i renovació urbanes, present tant a la legislació estatal com a la legislació autonòmica. En aquest cas, s’intenta un enfocament més globaldel problema de la conservació del patrimoni construït i fins i tot es rescaten (per al sòl ja urbanitzat) les tècniques de delimitació i repartiment de càrregues ja emprades històricament al sòl urbanitzable. Evidentment, tot això precisa uns ajustaments molt delicats. Per exemple, alteració de la definició de sòl urbà consolidat (que passaria a ser no consolidat, amb cessió de terrenys en cas de plusvàlua per augment d’edificabilitat o millora o intensificació dels usos); exempció de cessions en alguns casos; importància de la subvenció pública en les operacions de regeneració, rehabilitació i renovació; etc.

[1] Narcis Comadira, “Les ciutats” (1976), a Formes de l’ombra: Poesia 1966-2002, Barcelona, Edicions 62 i Empúries, 2002, p. 169.

[2] Arts. 389 i 1907 CC. També convé consultar l’art. 1910 CC_.

Esborranys per a una conferència sobre planificació i gestió del territori (I).

19 de abril de 202219 de abril de 2022 ~ Joan Amenós ~ Deja un comentario

Preparo una xerrada per a gerents locals que fan un curs sobre funció directiva. Es procura donar una idea global de la seva feina i m’assignen la lliçó de “planificació i gestió del territori”. Un tema amplíssim. La cosa es complica perquè no tots els estudiants tenen formació jurídica. Començo a aplegar materials entorn les següents reflexions:

Primera.-Als darrers cent-cinquanta anys s’ha produït un canvi extraordinari en la relació dels homes amb el seu entorn. El territori que els rodeja és més segur, més productiu i pròsper, menys sotmès a l’atzar i, dit de manera imprecisa però entenedora, més agradable. Als darrers cinquanta anys, les transformacions en el confort dels habitatges i llocs de feina són espectaculars.

Segona.-El que hem dit abans no nega, evidentment, l’aparició de nous problemes i reptes. Per exemple, els tradicionalment catalogats com a problemes ambientals (contaminació de l’aire, de l’aigua i del sòl), les desigualtats i estratificacions socials en l’ús de l’espai, la dificultat creixent en l’articulació de la vida urbana amb masses creixents de població (soroll, congestió viària, crisis en l’accés a l’habitatge…), etc. La presència d’aquests riscos justifica la utilització creixent d’instruments administratius de caràcter limitatiu. La finalitat d’aquests instruments –habilitats per la legislació- consisteix en assegurar la compatibilitat en l’exercici dels diversos drets (especialment, dels drets immobiliaris).

És significatiu que F.A. HAYEK, al seu magnífic The road to Serfdom, admeti els problemes urbanístics com a àmbit per a una possible actuació planificadora de l’Estat:

“The assertion that modern technological process makes planning inevitable can also be interpreted in a different manner. It may means that the complexity of our modern industrial civilization creates new problems with which we cannot hope to deal effectively except by central planning. In a sense this is true –yet not in the wide sense in which it is claimed. It is, for example, a commonplace that many of the problems created by a modern town, like many other problems caused by close contiguity in space, are not adequately solved by competition. But it is not these problems, like those of the “public utilities”, etc. “., which are uppermost in the minds of those who invoke the complexity of modern civilization as an argument for central planning. What they generally suggest is that the increasing difficulty of obtaining a coherent picture of the complete economic process makes it indispensable that things should be coordinated by some central agency if social life is not to dissolve in chaos.”

Tercera.-D’aquesta manera, apareix el Pla com a figura clau per a l’actuació urbanística de l’Estat. Tant ell com la zonificació d’origen nord-americà[1] responen a la idea de previsió del futur i respecte a les situacions jurídiques preestablertes. Combinen, per tant, el dogma de la seguretat jurídica amb una idea relativament nova de prospectiva estatal. D’aquesta manera, podríem dir que el món tradicional i previ a les revolucions liberals construïa les ciutats lligant-les amb el seu passat (d’aquí les típiques construccions a sobre del que ja existia). Com a excepció que confirmaria la regla, podrien citar-se les fundacions urbanes efectuades pels espanyols durant la conquesta d’Amèrica (en aquest cas, per tant, sí ens trobem amb la idea de “fer ciutat”, encara que en un marc jurídic i econòmic no comparable a l’europeu).

Dins d’aquesta apertura a l’avenir, el Pla juga un paper rellevant. Precisarem demà el seu significat.

40 ejemplos de fotografías a vista de pájaro que no puedes perderte

[Font: aquí].

***

[1] Justament, aquest any s’acompleix el primer centenari de l’aprovació de l’SZEA nord-americana (Standard Zoning Enabling Act). Sobre això, es pot consultar aquí: ***.

Sábados exclusivos. Un argot inservible.

16 de abril de 20229 de diciembre de 2022 ~ Joan Amenós ~ Deja un comentario

1.-Una buena manera de examinar el funcionamiento de esos trampantojos que se llaman “lenguaje inclusivo” consiste en observar su uso en un texto científico. He tomado como ejemplo un magnífico trabajo de Cristina Enguita-Fernández, que lleva el título de “Indigenismo mbroro: algunas claves para una lectura en femenino” (2021)[1]. Es una reflexión interesante por sus objetivos y por sus resultados: el análisis de la posición de las mujeres y las diferencias sociales y de perspectiva de ambos géneros en la construcción y actuación de esa comunidad. Se trata de un grupo de indígenas dedicados al pastoreo que se incluyen –con llamativas peculiaridades- dentro de la gran categoría étnica peul (o fulani, fulbe o fula). Se sitúan principalmente en Camerún.

Durante las casi treinta páginas del estudio no hay ninguna concesión a las duplicaciones, abstracciones y complicaciones “inclusivistas” (con las excepciones que precisaré luego). Por todo el texto figuran sin complejos (afortunadamente) los “primeros habitantes”, los “habitantes primigenios”, los “africanos indígenas”, los “observadores”, los “cazadores-recolectores”, “los mbororo”, “los baka”, “los fulbe”, “los musulmanes”, “aquellos a quienes designaba”, “para nosotros”, ”sus “hermanos fulbe”, etc. Incluso, en una lista en la que aparecen autores y autoras, se limita a decir –sin aspavientos- “otros autores” (p. 36, nota 34). En definitiva, una redacción clara y sin retorcimientos.

Ahora bien, como he avisado, “todo se pega menos lo bonico” y, por tanto, hemos de enfrentarnos con tres apariciones concretas del dogma inclusivista. La primera es admisible y puede reforzar la idea de que tanto los muchachos como las muchachas van actualmente a la escuela: “el aumento de las tasas de escolarización entre las y los jóvenes mbororo”.

2.-Sin embargo, lo cierto es que la fealdad se introduce luego en forma de barras burocráticas. Perdonarán ustedes mi perspectiva, pero es que no le veo la gracia a este hábito de escribir reiteradamente con palotes de impreso de oficina. El primer caso aparece en página 253: “Sea como sea, ellas representan ese juego de fuerzas entre lo que los/las propios/as informantes llaman la “tradición” y lo que consideran estrategias de adaptación a los tiempos actuales”. Bastaba referirse a los informantes de ambos sexos (incluso, creo que hubiera reforzado la idea). La fórmula se reutiliza en página 256, donde se habla de “los testimonios aportados por los/las informantes”. Estas citas corresponden al epígrafe 5 del estudio (antes de acabar con un sexto para las conclusiones).

No obstante, ahora que lo releo, es cierto que –de manera imprevista- la varilla había asomado sin venir a cuento en el título del epígrafe 2: “Los/as mbororo en Camerún: el recorrido sociohistórico de un término”. Es curioso, porque luego, como ya dije anteriormente, la autora se olvida de este artilugio y escribe con normalidad en todo el texto. Ustedes se preguntarán por qué le tengo tanta manía a los palotes, pero les confieso que es a causa de mi torpeza cognitiva: nunca sé si hay que pronunciar “los y las mbroro”, “los mbroro y las mbororo”»los-barra-las mbroro», «los mbroro-barra-las mobroro» o “loslas mbroro” (problemillas derivados de que no coincide lo que pone con lo que se ha de decir).

3.-En fin, justo es reconocer que el escrito ha pasado bien la prueba de este inquisidor puntilloso. Felicito a la autora por la solidez de su argumentación. Por eso la escogí, porque es una investigación seria sobre una cuestión relevante. A mí me ha servido para convencerme aún más de la inutilidad de los mecanismos “inclusivos” para la redacción de trabajos científicos.

***

[1] Publicado en Revista d’Estudis Autonòmics i Federals. Journal of Self-Gouvernment, 34 (Diciembre 2021).

(Fuente de foto:aquí).

***

Motivaciones elementales.

14 de abril de 2022 ~ Joan Amenós ~ Deja un comentario

1.-.Es útil agitar los corazones antes de enseñar cualquier cosa. Esto parece más necesario aún cuando se trata de entrar en el Derecho Administrativo (materia cuya sola mención ya llena el pecho de pasión).

Una primera y elemental técnica consiste en invitar a una de las primeras clases a algunos alumnos del año anterior. Por supuesto, el profesor debe salir de clase mientras los estudiantes explican tranquilamente los trucos y manías del docente que “los nuevos” van a sufrir.

*

2.-Una segunda herramienta consiste en espolvorear algunas miajas de espíritu competitivo. Sobre todo, se trata de ensalzar y apoyar a los que se van abriendo camino en las dificultades del aprendizaje. El aplauso ha de ser una actividad frecuente.

Ya, ya sé que la rivalidad tiene mala prensa. Pero yo me refiero a la emulación sana, que un día fue santo y seña de los abogados. Sí, aquella regla de felicitar al contrario que había estado brillante (de esto nos hablaba en sus inolvidables clases el magistrado don Jesús Corbal).

**

3.-Rectifico: la competitividad sí tiene buena prensa y los jóvenes la acogen con entusiasmo en el ámbito deportivo. La lucha por esforzarse, saber ganar, saber perder y aprender unos de otros. Me gusta comentar a veces, entre bromas y veras, dos videos que son casi iconos de la cultura pop (y perdonen la exageración). El primero es el ya clásico de Luis Aragonés (“y ganar y ganar y ganar”, recomenzando cada día) y el segundo uno más discreto de Carlos Sainz (“mejorar, se puede mejorar…”, pulir, perfeccionar…). Buena lid y mejor aprendizaje.

***

La futura Llei estatal de l’Habitatge, entre dos focs.

13 de abril de 202213 de abril de 2022 ~ Joan Amenós ~ Deja un comentario

1.-Va generar moltes ironies la famosa frase del ministre de l’habitatge, Arrese, relativa a la voluntat de crear un país de propietaris i no de proletaris. No obstant, la política iniciada a la segona meitat dels anys cinquanta del segle passat va tenir, en aquest punt, molts bons resultats. De fet, Espanya va atènyer un alt percentatge de propietat immobiliària (la comparació amb altres països europeus segueix sent interessant). No tot són flors i violes en aquesta antiga orientació, però demostra la seva solidesa quan venen mal dades.

*

2.-El Butlletí Oficial de l’Estat de 30 de març publicava el Reial Decret-Llei de mesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna. El seu art. 46 imposa una limitació extraordinària de l’actualització anual de la renda dels contractes d’arrendament d’habitatge. En concret, d’un 2% per als contractes amb actualització de renda prevista entre el 31 de març i el 30 de juny. Lògicament, els dubtes de constitucionalitat són considerables, però –al mateix temps- operarà com a banc de proves de cara a les previsions del projecte de Llei estatal de l’habitatge, que entrarà aviat a la discussió parlamentària.

**

3.-La pressió sobre la renda arrendatícia es combinarà amb l’augment de les quotes de devolució del préstec a les hipoteques variables (encara que, en aquest cas, l’aposta del propietari no tindrà la protecció governamental). Una tenalla, per tant, pròpia de l’atrezzo d’una pel·lícula de terror i que servirà com a escenari per als debats sobre la Llei indicada. Sobre el contingut d’aquesta, donava algunes pinzellades avui Berta Bastús al blog de la Revista Catalana de Dret Públic:

Notes sobre el projecte de Llei estatal de l’habitatge. Mesures més destacades i qüestions competencials –

Font:aquí*

***

Diarios dispersos.

12 de abril de 2022 ~ Joan Amenós ~ Deja un comentario

Bartleby me comenta las investigaciones que ha acometido sobre la noción de excusa, en el seminario de Isra G. La clasifica como una de las bellas artes, una obra creativa que los demás no siempre entienden, pero que funciona muy bien con ese juez supremo que es uno mismo. Hay excusas que no pasan el control de calidad y otras que son capaces de elevarse con la ligereza de un colibrí. Bartleby asegura que él no era perezoso (pasó a la historia con su inmortal “preferiría no hacerlo”), sino que simplemente había encontrado una excusa precisa y afilada. Recomendó a Isra que añadiera a sus inacabables listas de introspección un catálogo de las excusas diarias.

***

[Anotado el 11 de noviembre de 2015].

Carlos Barral.

Josep Pla. Un senyor de Barcelona.

Artículos relacionados:

[1] “Don Andrés Bello y el lenguaje inclusivo”, ABC, 17/5/2021.