LA LEY 3259/2001. Responsabilidad administrativa ante daños por derrumbamiento de un edificio: admisión: falta de comprobaciones.

~ Joan Amenós ~ Deja un comentario

Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 6ª, Sentencia de 6 Feb. 2001, Rec. 5451/1996

Ponente: Xiol Ríos, Juan Antonio

Ponente: Xiol Ríos, Juan Antonio.

LA LEY 3259/2001

Cabecera

RESPONSABILIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS. Causalidad. Derrumbamiento de edificio provocando la muerte a una menor y su hermana mientras jugaban colgándose de una piedra saliente del mismo. La Responsabilidad de Ayuntamiento se deriva de la omisión del la obligación de adopción de medidas encaminadas a la comprobación del estado del inmuble, en situación de abandono e insalubridad, así como del cumplimiento de las medidas que se adoptarón para garantizar la seguridad de las personas. Tales omisiones son causa del accidente y sus consecuencias.

Resumen de antecedentes y Sentido del fallo

El Ayuntamiento de Cee desestimó la solicitud de indemnización deducida por don Delfín D.C., como consecuencia del fallecimiento de una hija menor de edad y las lesiones sufridas por otra, a causa del mal estado de un inmueble. Interpuesto recurso contencioso-administrativo, fue estimado en parte por la Sala competente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en sentencia de 28 de marzo de 1996. Esta sentencia es confirmada en casación por la del Tribunal Supremo objeto de comentario.

En la Villa de Madrid, a 6 Feb. 2001.

Visto por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Sección Sexta, constituida por los señores al margen anotados, el recurso de casación que con el número 5451/96, ante la misma pende de resolución, interpuesto por el procurador D. Argimiro Vázquez Guillén, en nombre y representación del Ayuntamiento de Cee, contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de fecha 28 Mar. 1996, dictada en recurso número 5259/93

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero: La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de A Coruña dictó sentencia el 28 Mar. 1996, cuyo fallo dice:

«Fallamos: Que estimando parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Delfín D. C. contra Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Cee, de 25 Jun. 1993, desestimatorio de la solicitud de indemnización formulada en relación con el fallecimiento de la menor Maika D. C., y con lesiones sufridas por la menor Beatriz D. C., debemos condenar y condenamos al Ayuntamiento de Cee a que satisfaga a la parte actora la cantidad de 3.154.350 ptas. por los conceptos indemnizatorios indicados en el fundamento de Derecho cuarto de esta sentencia; con desestimación de las restantes pretensiones; sin hacer imposición de las costas».

La sentencia se funda, en síntesis, en lo siguiente:

No existe prescripción por no haber transcurrido más de un año entre las últimas actuaciones penales, según constancia de las mismas en autos, y la fecha de interposición del recurso contencioso-administrativo.

No puede alegarse incompetencia de jurisdicción cuando no se ha promovido proceso civil de reclamación en relación con el tema litigioso y cuando el proceso se dirige únicamente en relación con la supuesta responsabilidad patrimonial de la Administración demandada.

A raíz de una solicitud presentada en el Ayuntamiento el 19 Ene. 1983 sobre adopción de medidas para garantizar la seguridad en relación con la casa sita en la calle de La Magdalena, la Comisión Municipal Permanente del Ayuntamiento acordó el 21 Ene. 1983 requerir informe técnico del arquitecto municipal (el cual se produjo el 25 Ene. 1983 en el sentido de que la casa sita en la citada calle presentaba una situación de abandono e insalubridad, sin que ello implicase inminente derrumbamiento parcial o total y obligase a la adopción urgente de su demolición o apuntalamiento) y oficiar al propietario para que adoptase las oportunas medidas que garantizasen la seguridad de personas y cosas, pero el Ayuntamiento no realizó hasta fecha posterior al 25 Jun. 1991 actuación o comprobación alguna para constatar si se habían adoptado tales medidas garantizadoras de la seguridad de las personas o para apreciar la evolución que hubiera experimentado el inmueble.

El 25 Jun. 1991 entre las 15:30 y las 16 h, las menores Beatriz y Mayka D. C., de once y diez años de edad respectivamente, se encontraban en la calle al lado del indicado inmueble esperando para ir a la playa y jugando se colgaron de una piedra saliente del edificio, la cual acabó cediendo y cayó sobre las mencionadas hermanas, ocasionando a Mayka lesiones graves que provocaron su fallecimiento, y a su hermana Beatriz lesiones en la pierna izquierda que demandaron asistencia facultativa durante cincuenta días, con incapacidad para sus ocupaciones habituales durante 69 días y con secuelas consistentes en cicatrices en pierna izquierda, una de 7 por 1,5 cm en el tercio superior, otra de 2 cm en tercio medio y otra de 3,5 centímetros en tercio inferior.

El Ayuntamiento no observó la diligencia debida en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de los artículos 181.2 y 183 de la Ley del Suelo de 1976, ya que desde el requerimiento efectuado el 21 Ene. 1983 no se desarrolló por dicha Administración hasta la fecha del desgraciado siniestro actuación alguna para comprobar el cumplimiento de lo ordenado y para determinar la evolución de la construcción. Tal pasividad y falta de diligencia constituyen el elemento determinante de la producción del resultado producido. Se examina aquí exclusivamente la responsabilidad de la Administración, prescindiendo de la de aquellos cuyo examen correspondería a la jurisdicción civil y que hayan contribuido a dicho resultado.

En el ámbito de la sentencia no es valorable a efectos compensatorios la concreta conducta desarrollada por las niñas en la parte exterior del inmueble y tampoco se aprecia la concurrencia de culpa de los encargados de su guarda, dado que la falta de vigilancia queda radicalmente distanciada de la falta de diligencia de quien omite durante ocho años la adopción de las medidas necesarias para evitar una real situación de peligro creada por el estado de la construcción inmediata a la vía pública.

Valorando la edad de la fallecida y las características del núcleo familiar afectado, integrado actualmente por los padres y dos hijas y, por otra parte, el grado de responsabilidad atribuible al Ayuntamiento, la indemnización que este último debe satisfacer en relación con el fallecimiento de Mayka –por la pérdida de un factor de equilibrio personal y de ayuda mutua en la esfera de las relaciones familiares y en su ámbito afectivo y moral que ocasiona un sufrimiento–, la cantidad de tres millones de pesetas, mientras que por la secuelas físicas de Beatriz y sufrimiento físico en relación con sus propias lesiones y tratamiento el Ayuntamiento deberá satisfacer 77.000 ptas., no procediendo reconocer indemnización por concepto de días de baja en la ocupación habitual dada la edad de la menor y su lógica y consecuente actividad y por último debiéndose abonar también por el Ayuntamiento en relación con su grado de responsabilidad apreciado la cantidad de 77.350 ptas. en concepto de gastos reclamados en la demanda en relación con facturas obrantes en el expediente y cuyo importe no fue discutido.

Segundo: En el escrito de interposición del recurso de casación presentado por la representación procesal del Ayuntamiento de Cee, interpretado teniendo en cuenta el escrito de preparación del recurso, debe interpretarse que se formulan, en síntesis, los siguientes motivos de casación:

Motivo primero (formulado como alegación segunda). Al amparo del artículo 95.1.4.º de la Ley de la Jurisdicción, por infracción de los artículos 3.1, 9.2 y 22.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de los que se deriva la competencia de la jurisdicción civil y la incompetencia de la jurisdicción contencioso-administrativa para la resolución de la presente litis.

El recurrente interpuso en su día reclamación previa a la vía jurisdiccional y manifestó existir una responsabilidad conjunta del Ayuntamiento y de los propietarios del inmueble. La propia resolución judicial reconoce la intervención de terceros particulares y la producción del siniestro y así realiza una especie de reparto de responsabilidades entre la Administración y los particulares, si bien éstos no resultan condenados ni han sido parte.

Dado que la jurisdicción es improrrogable no parece acertado acudir a la voluntad de los particulares en cuanto al inicio o demora de actuaciones judiciales para determinar la competencia o incompetencia de un orden jurisdiccional determinado. Cita diversas sentencias del Tribunal Supremo. La resolución objeto de recurso vulnera el principio de unidad jurisdiccional y la normativa de atribución competencial contenida en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Motivo segundo (formulado como alegación tercera). Al amparo, según se anuncia en el escrito de preparación, del artículo 95.1.4.º de la Ley de la Jurisdicción. Subsidiariamente, se invoca la infracción del artículo 40 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, reproducido en el 139.1 de la actualmente vigente, por inaplicación, ya que ha transcurrido con exceso el plazo de un año para la reclamación y la acción ejercitada ha prescrito.

Lo único acreditado en autos con relación a la finalización de las actuaciones penales es la notificación al recurrente de la llegada de los autos al Juzgado de Instrucción de Corcubión, una vez dictado el auto de archivo por la Audiencia Provincial, no obstante lo cual tal notificación es inhábil a los efectos de interrupción del plazo, que ha de entenderse reanudado en la fecha en que fue notificado, pues era firme. No se acreditó por el recurrente la fecha de dicha notificación; las únicas fechas de que existe constancia fehaciente son las del auto en segunda instancia (20 Mar. 1992) y la de la reclamación previa interpuesta en la presente litis (22 Mar. 1993), de cuyas fechas no se deriva una interposición dentro de plazo.

Los efectos de la falta de prueba de la notificación del auto deben recaer sobre el recurrente.

Motivo tercero (formulado como alegación cuarta). Al amparo, según se desprende del anuncio en el escrito de interposición, del artículo 95.1.4.º de la Ley de la Jurisdicción.

Subsidiariamente, se alega infracción del artículo 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, y del 139 de la actual ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y jurisprudencia que lo desarrolla.

No existe falta de diligencia del Ayuntamiento, dado que en la situación del inmueble no implicaba inminente derrumbamiento parcial o total que obligarse a la adopción urgente de su demolición o apuntalamiento.

Si las menores si hubiesen encontrado debidamente vigiladas o, incluso, si se le subiera indicado que aguardasen en lugar distinto el siniestro no se hubiera producido, por lo que existe una ruptura del nexo causal.

Han intervenido en la producción del siniestro elementos extraños al propio actuar administrativo, pues hubo también acción directa de las menores por haberse colgado de determinadas piedras que resultaron desequilibradas a causa de tal acción de fuerza.

Cita diversas sentencias del Tribunal Supremo sobre el nexo causal.

Termina solicitando que se case y anule la sentencia dictada en primera instancia según lo postulado en el suplico del escrito de contestación a la demanda con expresa imposición de costas a la parte adversa.

Tercero: No se ha personado la parte recurrida.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Juan Antonio Xiol Ríos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: El recurso de casación que enjuiciamos se interpone por el Ayuntamiento de Cee contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de A Coruña el 28 Mar. 1996, por la que se estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Delfín D. C. contra Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Cee, de 25 Jun. 1993, desestimatorio de la solicitud de indemnización formulada en relación con el fallecimiento de la menor Maika D. C., y con lesiones sufridas por la menor Beatriz D. C., y se condena al Ayuntamiento de Cee a que satisfaga a la parte actora la cantidad de 3.154.350 ptas. en calidad de indemnización por responsabilidad patrimonial por el funcionamiento anormal de los servicios públicos.

Segundo: Como ha dicho reiteradamente este Tribunal (por todos, autos de 16 Nov. 1996 y 30 Oct. 1998, recurso de casación núm. 3344/1998) la naturaleza del recurso de casación obliga a la observancia de los requisitos formales que la ley establece para su viabilidad. Su exigencia no obedece a un prurito de rigor formal sino que deriva del carácter de recurso extraordinario que aquél ostenta. Sólo es viable por motivos tasados y su finalidad no es otra que la de depurar la aplicación del derecho, tanto en el aspecto sustantivo como procesal, que haya realizado la sentencia de instancia, contribuyendo con ello a la satisfacción de los principios de seguridad jurídica y de igualdad en la aplicación del ordenamiento mediante la doctrina que, de modo reiterado, establezca este Tribunal al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho.

De ahí que no sea susceptible de admisión aquel recurso en que no se cumplan las previsiones del artículo 99.1 de la Ley Jurisdiccional aplicable a este proceso por razones temporales, que dispone que el escrito de interposición del recurso «expresará razonadamente el motivo o motivos en que se ampara, citando las normas o la jurisprudencia que se consideren infringidas». Estos motivos han de hallarse comprendidos en alguno de los supuestos que se contienen en el artículo 95.1. Tal expresión del «motivo» casacional en el escrito de interposición ante esta Sala no es una mera exigencia formulista o rituaria desprovista de sentido, sino elemento determinante del marco dentro del que ha de desarrollarse la controversia y en torno al que la sentencia debe pronunciarse.

Tercero: El recurso interpuesto no cumple con la doctrina expresada, pues la parte recurrente omite en el escrito de interposición cualquier referencia al motivo, de entre los previstos en el art. 95.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, al que se acoge en cada caso, y se limita a formular las que llama «alegaciones» y numera como tales, en las que se entremezclan afirmaciones en relación con la procedencia del recurso (alegación primera) con alegaciones en relación con la que entiende falta de jurisdicción (alegación segunda) o con la infracción de preceptos legales sobre la responsabilidad patrimonial, no todas las cuales hubieran sido canalizables al amparo del artículo 95.1.4.º de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, precepto en el que en el escrito de interposición del recurso de casación afirma que pretende fundar éste.

Bastaría con apreciar estos graves defectos de índole formal para declarar no haber lugar al recurso, habida cuenta de su inadmisibilidad y el trance de dictar sentencia en que nos hallamos.

Cuarto: En el motivo primero (formulado como alegación segunda), al amparo, según se deduce del escrito de preparación, del artículo 95.1.4.º de la Ley de la Jurisdicción, por infracción de los artículos 3.1, 9.2 y 22.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se alega, en síntesis, la competencia de la jurisdicción civil y la incompetencia de la jurisdicción contencioso-administrativa para la resolución de la presente litis, ya que la propia resolución judicial reconoce la intervención de terceros particulares en la producción del siniestro.

El artículo 128 de la Ley de Expropiación forzosa consagró en materia de responsabilidad de la Administración la competencia exclusiva de los Tribunales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Este criterio fue recogido también por el artículo 3.b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1956. Es cierto que el artículo 41 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado precisó que cuando el Estado actúe en relaciones de Derecho Privado la responsabilidad habrá de exigirse ante los Tribunales ordinarios y que se ha venido consagrando la «vis attractiva» de la jurisdicción civil. Sin embargo, estos argumentos no son suficientes para considerar que existe incompetencia de jurisdicción en el caso examinado, pues:

  1. a) Se trata de un supuesto de funcionamiento anormal del servicio público.

  2. b) La «vis attractiva» de la jurisdicción civil (suprimida a partir de la nueva Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y de la nueva redacción del art. 9.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial) sólo se manifiesta cuando existen particulares codemandados, como ha admitido constantemente la jurisprudencia de la Sala Primera de este Tribunal. V. gr., la sentencia del Tribunal Supremo de 7 Abr. 1989 (que recoge la doctrina de la sentencia de 22 Nov. 1985, reiterada por otras numerosísimas, entre las que cita la de 1 Jul. 1986, 2 Feb. 1987 y 29 Oct. 1987) afirma que la «vis attractiva» de dicha jurisdicción se pone de manifiesto cuando las acciones se dirigen contra un particular y la Administración.

  3. c) La Ley 30/1992, de 26 Nov., de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ya vigente en el momento en que se produjeron los hechos e invocada por la parte recurrente (aun cuando su aplicación al procedimiento de responsabilidad patrimonial se hallaba pendiente de la promulgación del respectivo Reglamento adaptador) volvió a instaurar el sistema de unidad jurisdiccional, al señalar el artículo 144 de la misma, en relación con la responsabilidad de Derecho Privado, que ésta se exigirá de conformidad con lo previsto en los artículos 142 y 143 según proceda. Es particularmente destacable, asimismo, el art. 142.6, según el cual, la resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial cualquiera que fuera el tipo de relación, pública o privada de que derive, pone fin a la vía administrativa.

  4. d) El auto 292/1997 del Tribunal Constitucional no considera que el artículo 146.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa sea contrario a la Constitución.

La sentencia recurrida no infringe la doctrina que se acaba de exponer, cuando afirma que cuando no se ha promovido proceso civil de reclamación en relación con el tema litigioso y cuando el proceso se dirige únicamente en relación con la supuesta responsabilidad patrimonial de la Administración demandada no existe incompetencia de la jurisdicción contencioso-administrativa bajo el régimen de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que el motivo debe ser desestimado.

Quinto: En el motivo segundo (formulado como alegación tercera), al amparo, según se anuncia en el escrito de preparación, del artículo 95.1.4.º de la Ley de la Jurisdicción se invoca subsidiariamente la infracción del artículo 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, reproducido en el 139.1 de la Ley de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, por inaplicación, ya que ha transcurrido con exceso el plazo de un año para la reclamación.

En contra de la tesis de la parte recurrente, que considera que es el reclamante quien tiene que probar la fecha de notificación del auto que pone fin al proceso penal para demostrar que no concurre la prescripción de la acción de responsabilidad, esta Sala tiene declarado (S 21 Mar. 2000, recurso de casación núm. 427/1996) que no puede computarse para el inicio del plazo de prescripción la fecha del auto de finalización de las actuaciones penales cuando no consta el momento o fecha de su notificación a los interesados, pues es obvio que la prescripción de la acción, como excepción que es, debe ser probada por la parte demandada.

La sentencia impugnada no infringe esta doctrina, por lo que el motivo debe ser desestimado.

Sexto: En el motivo tercero (formulado como alegación cuarta), al amparo, según se desprende del anuncio en el escrito de interposición, del artículo 95.1.4.º de la Ley de la Jurisdicción, se alega, en síntesis, subsidiariamente, la infracción del artículo 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y del 139 de la actual ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y jurisprudencia que lo desarrolla, por no existir falta de diligencia del Ayuntamiento, y haber intervenido en la producción del siniestro elementos extraños al propio actuar administrativo.

Aun cuando la jurisprudencia ha venido refiriéndose con carácter general a un carácter directo, inmediato y exclusivo para particularizar el nexo causal entre la actividad administrativa y el daño o lesión que debe concurrir para que pueda apreciarse responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, no queda excluido que la expresada relación causal –especialmente en los supuestos de responsabilidad por funcionamiento anormal de los servicios públicos, como es el examinado– pueda aparecer bajo formas mediatas, indirectas y concurrentes, circunstancia que puede dar lugar o no a una moderación de la responsabilidad (SS 8 Ene. 1967, 27 May. 1984, 11 Abr. 1986, 22 Jul. 1988, 25 Ene. 1997, 26 Abr. 1997 y 6 Oct. 1998, entre otras). Entre las diversas concepciones con arreglo a las cuales la causalidad puede concebirse, se imponen, en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración, aquellas que explican el daño por la concurrencia objetiva de factores cuya inexistencia, en hipótesis, hubiera evitado aquél (S 25 Ene. 1997), por lo que no son admisibles, en consecuencia, concepciones restrictivas que irían en éste en contra del carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas (S 5 Jun. 1997), pues el concepto de relación causal se resiste a ser definido apriorísticamente con carácter general, y se reduce a fijar qué hecho o condición puede ser considerado como relevante por sí mismo para producir el resultado final como presupuesto o «conditio sine qua non» esto es, como acto o hecho sin el cual es inconcebible que otro hecho o evento se produzca como consecuencia o efecto del primero, aunque es necesario además que resulte normalmente idóneo para determinar aquel evento o resultado teniendo en consideración todas las circunstancias del caso (S 5 Dic. 1995).

Séptimo: La aplicación de la doctrina recogida al supuesto planteado conduce igualmente a desestimar el presente motivo de casación, pues, ateniéndonos al relato de hechos de la sentencia de instancia, la actividad causalmente relevante del Ayuntamiento al no realizar hasta fecha posterior al accidente, años después de ordenar la adopción de medidas para la seguridad de las personas, actuación o comprobación alguna para constatar si se habían adoptado tales medidas garantizadoras de la seguridad de las personas o para apreciar la evolución que hubiera experimentado el inmueble en situación de abandono e insalubridad, no ofrece duda alguna sobre la concurrencia de dicho requisito, ya que la omisión de los servicios municipales al no adoptar tan elementales medidas de cautela aparece como acontecimiento causal sin el cual es inconcebible que se hubiera producido el siniestro y debe ser considerada como hecho idóneo para producir este resultado según las circunstancias apreciadas de existencia de un elemento constructivo inestable accesible a los menores desde la vía pública.

Por lo demás, frente a la relevancia causal absolutamente prioritaria de la omisión por el Ayuntamiento de medidas encaminadas a comprobar la adopción de las medidas ordenadas y la evolución del inmueble que se encontraba en una situación de abandono e insalubridad, se presenta como ausente de relevancia suficiente para determinar la ruptura del nexo de causalidad la falta de vigilancia de los menores y la conducta de los propietarios del inmueble, sin perjuicio de que la sentencia haya tenido en cuenta el grado de responsabilidad del Ayuntamiento en relación con todas las circunstancias concurrentes y, en consecuencia, la posible intervención de terceros, para fijar la cuantía de la indemnización, como afirma expresamente la sentencia.

Octavo: En virtud de lo hasta aquí razonado procede declarar no haber lugar al recurso de casación interpuesto y condenar en costas a la parte recurrente. Así lo impone el artículo 102.3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 Dic. 1956, hoy derogada. Esta Ley es aplicable al caso en virtud de lo ordenado por la disposición transitoria novena de la Ley 29/1998, de 13 Jul.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la potestad emanada del pueblo que nos confiere la Constitución,

Fallamos

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal del Ayuntamiento de Cee contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de A Coruña el 28 Mar. 1996, cuyo fallo dice:

«Fallamos: Que estimando parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Delfín D. C. contra Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Cee, de 25 Jun. 1993, desestimatorio de la solicitud de indemnización formulada en relación con el fallecimiento de la menor Maika D. C., y con lesiones sufridas por la menor Beatriz D. C., debemos condenar y condenamos al Ayuntamiento de Cee a que satisfaga a la parte actora la cantidad de 3.154.350 ptas. por los conceptos indemnizatorios indicados en el fundamento de Derecho cuarto de esta sentencia; con desestimación de las restantes pretensiones; sin hacer imposición de las costas».

Declaramos firme la sentencia recurrida.

Condenamos en costas a la parte recurrente.

Hágase saber a las partes que contra esta sentencia no cabe recurso ordinario alguno.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION

Leída y publicada fue la anterior sentencia dictada por el Magistrado Ponente, Excmo. Sr. D. Juan Antonio Xiol Ríos, en audiencia pública celebrada en el mismo día de la fecha. Certifico. Rubricado.

 

LA LEY 59857/2016. Responsabilitat administrativa: obres il·legals: admissió. No es prengueren les mesures adequades ni es comprovà el seu acompliment.

~ Joan Amenós ~ Deja un comentario

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, Sentencia 227/2016 de 1 Abr. 2016, Rec. 212/2014

Ponente: García Morago, Héctor

Ponente: García Morago, Héctor.

LA LEY 59857/2016

ECLI: ES:TSJCAT:2016:3515

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA

SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA

SECCIÓ TERCERA

Recurs d’apel lació núm 212/2014

Jutjat Contenciós Administratiu núm 17 de Barcelona

Procediment ordinari núm 191/2012

Apel lant: IL LM AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Apel lada: SRA María Rosa

SENTÈNCIA núm 227/2016

Magistrats/ades:

IL LM. SR. MANUEL TÁBOAS BENTANACHS, President

IL LMA. SRA. ISABEL HERNÁNDEZ PASCUAL

IL LM. SR. HÉCTOR GARCÍA MORAGO

Barcelona, 1 de abril de 2016

LA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA (SECCIÓ 3ª), en nom de S.M el Rei i de conformitat amb allò que disposa l’ art 117.1 de la Constitució , ha pronunciat la SENTÈNCIA que segueix, a les actuacions del recurs d’apel lació núm 212/2014, interposat, com a apel lant, per LIL LM AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT -representat i assistit pel Lletrat consistorial SR JESÚS CHACÓN MURILLO-, essent l’apel lada Doña María Rosa -representada per la Procuradora SRA LORENA MORENO RUEDA i assistida pel Lletrat SR JUAN CARLOS MARESCA CABOT-.

Ha actuat com a Magistrat ponent l’Il lm Sr HÉCTOR GARCÍA MORAGO, el qual expressa el parer de la Sala.

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER: Per Sentència núm 1, de 15 de gener de 2014, recaiguda en el sí del procediment ordinari núm 191/2012, el Jutjat Contenciós Administratiu núm 17 de Barcelona estimà parcialment la demanda interposada per la SRA María Rosa contra L’IL LM AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT i condemnà aquesta Corporació local a lliurar-li, a l’actora, una indemnització de 25.000 euros, sens perjudici de la quantitat afegida que es pogués determinar en execució de Sentència. Això últim, amb la finalitat de valorar els danys i perjudicis soferts per l’actora entre la data del veredicte i la data de l’efectiva restauració de la legalitat infringida per CALZADOS FERNÁNDEZ, SL, amb motiu de les obres realitzades a la finca del carrer DIRECCION000 , NUM000 , de Cornellà de Llobregat, les quals havien estat denunciades en el seu dia per l’ara apel lada.

SEGON: Disconforme amb el veredicte, l’Ajuntament interposà apel lació; i la demandant s’hi oposà en temps i forma.

TERCER: Un cop elevades les actuacions a aquesta Sala, es va acordar formar-ne aquest rotlle d’apel lació i designar Magistrat ponent. I un cop verificats els tràmits processals pertinents s’assenyalà el dia 15 de març de 2016 per tal de votar i decidir.

QUART.- En la tramitació d’aquest recurs d’apel lació han estat observades les prescripcions legals de rigor.

FONAMENTS DE DRET

PRIMER: Per Sentència núm 1, de 15 de gener de 2014, recaiguda en el sí del procediment ordinari núm 191/2012, el Jutjat Contenciós Administratiu núm 17 de Barcelona estimà parcialment la demanda interposada per la SRA María Rosa contra L’IL LM AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT i condemnà aquesta Corporació local a lliurar-li, a l’actora, una indemnització de 25.000 euros, sens perjudici de la quantitat afegida que es pogués determinar en execució de Sentència. Això últim, amb la finalitat de valorar els danys i perjudicis soferts per l’actora entre la data del veredicte i la data de l’efectiva restauració de la legalitat infringida per CALZADOS FERNÁNDEZ, SL, amb motiu de les obres realitzades per aquesta última a la finca del carrer DIRECCION000 , NUM000 , de Cornellà de Llobregat, les quals havien estat denunciades en el seu dia per l’ara apel lada.

L’origen d’aquest litigi en matèria de responsabilitat patrimonial de l’Administració, es troba en la llicència d’obres que l’Ajuntament apel lant li concedí en data 31 de març de 2004 a CALZADOS FERNÁNDEZ, SL, per tal de reformar, ampliar i adequar un local comercial a l’adreça esmentada anteriorment. La Sentència de 14 de juny de 2007, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm 7 de Barcelona en el recurs ordinari 502/2005 -promogut per l’ara apel lada-, corroborà la legalitat de la llicència; però constatà que les obres executades l’havien excedit. I la nostra Sentència de 27 d’octubre de 2009 , en seu d’apel lació disposà que l’excés d’obra fos objecte d’enderrocament. Tanmateix, per Sentència núm 650 (a hores d’ara ferma), de 14 de novembre de 2014 (apel lació 152/2012), aquest Tribunal determinà finalment, en seu d’execució, l’abast de les obres de restabliment de la legalitat urbanística vulnerada. Abast de les obres que resultà sensiblement inferior que aquell que havia pressuposat la Sentència objecte de la present apel lació.

En primera instància, la Sra María Rosa reclamà 80.000 euros en concepte de dany econòmic i 12.000 euros en concepte de dany moral; però la Sentència a quo li reconegué d’entrada 25.000, per danys materials i morals, amb interessos legals, sens perjudici, com ja hem dit, que la dita suma es pogués veure incrementada incidentalment, pels danys i perjudicis eventualment soferts per la interessada fins a la data de demolició o desaparició de l’excés d’obra.

SEGON: L’Ajuntament apel lant considera que la Sentència d’instància hauria de ser revocada i, alhora, substituïda per un pronunciament desestimatori del recurs contenciós administratiu d’origen. Però en primer terme, l’apel lada s’ha oposat adduint la improcedència de l’apel lació per raó d’una quantia, la qual hauria quedat limitada a 25.000 euros i, per tant, sensiblement per sota del llindar de més de 30.000 euros, previst a l’ art 81.1.a) LJCA com a condició de possibilitat de les apel lacions contra Sentències recaigudes en plets de quantia determinada, no susceptibles de segona instància per altres motius.

Tanmateix, aquest motiu d’oposició no podrà ser apreciat. Ni que sigui pel fet que la Sentència a quo preveu l’eventualitat d’una indemnització complementària, a calcular, en el seu cas, en seu incidental. Quantia complementària que a hores d’ara és desconeguda o incerta; i que, sense ultrapassar, junt amb la principal, la xifra màxima reclamada per l’actora en primera instància, res garanteix que no podria acabar superant els 30.000 euros.

Haurem, doncs, d’abordar el fons de la controvèrsia.

TERCER: La Sentència d’instància considerà que l’Ajuntament havia incorregut en culpa in vigilando en no haver exercit amb la deguda diligència les seves atribucions en matèria de disciplina urbanística; la qual cosa s’hauria traduït en una permanència de les obres il legals, més prolongada del que hauria estat admissible. I com a conseqüència d’aquesta executòria excessivament dilatada en el temps, la Sra María Rosa hauria patit injustament danys morals i materials derivats d’una acusada sensació d’estretor i de manca d’intimitat, atès el caràcter confrontant de les obres.

Per afegitó, la Sentència imposà les costes del procés al Consistori demandat, i a tal efecte, salvà la manca de temeritat i mala fe, així com l’obstacle que podia representar un estimació parcial, atribuint-li a les costes processals una funció reparadora, propera a la de la responsabilitat patrimonial.

La posició del Jutjat a quo -que ha fet seva l’apel lada per tal d’oposar-se al recurs de l’Ajuntament-, ha estat criticada per la defensa lletrada de la Corporació local apel lant, la qual ha concretat els seus arguments a través de quatre retrets; a saber:

1: Incongruència per excés, en haver estat reconeguda una indemnització per danys morals, superior a la xifra reclamada per l’actora per aquest concepte.

2: Manca de fonament de la culpa in vigilando atribuïda a l’Ajuntament.

3: Caràcter dubtós o excesiu del dany, i

4: Improcedència de la condemna en costes.

QUART: El retret relatiu a les costes haurà de prosperar necessàriament.

L’ art 139.1 LJCA , agradi o no, en casos com el present supedita la condemna en costes a la concurrència d’alguna de les circumstàncies que segueixen:

a)Integra desestimació de les pretensions de la part concernida; la qual cosa vindria a excloure les costes processals en supòsits d’estimació parcial de la demanda, o

b) Concurrència de temeritat o mala fe.

I en el supòsit que ara ens ocupa, resulta evident que no hi hagué estimació integral de la demanda; ni rastre de temeritat o mala fe processal imputable a l’Ajuntament.

CINQUÈ: No podrem apreciar, en canvi, la concurrència del vici d’incongruència, perquè la Sentència d’instància fonamentà la condemna en l’apreciació de danys físics i morals.

Quant a la realitat dels danys i a la culpa in vigilando de l’Ajuntament, haurem de coincidir amb el Jutjat d’instància en què les actuacions de la Corporació no van ser prou enèrgiques; com ho acredita, en part, el mateix litigi d’origen i la durada dilatada de les actuacions de reposició de la legalitat vulnerada. Una altra cosa és que la dita culpa l’haguem d’apreciar més matisada que no pas la Sentència a quo, que no debades va ser dictada pensant en una irregularitat urbanística que posteriorment és demostrà menys intensa.

I el mateix haurem de dir per tal de descartar danys o perjudicis materials o immediatament tangibles, com a conseqüència d’un excés d’obra que quan es concretà definitivament, es demostrà molt inferior al pres en consideració pel Jutjat d’instància. Tot això, en ser, el susdit excés, no d’1,18 metres per sobre de l’alçada reguladora, sinó el que es concretà a través de la nostra Sentència núm 650, de 14 de novembre de 2014 (apel lació 152/2012) en els termes que segueixen (les negretes seran nostres):

«CINQUÈ: (…)Així les coses, en mèrits de les normes que ningú ha posat en dubte que siguin les aplicables (art 243.2 i 328.5 NNUU del PGM) el pèrit processal dictaminà:

1er: Que la construcció controvertida no superava l’alçada reguladora de 3,30 m, mesurada des de la rasant del carrer de la finca receptora de les obres, i que

2on: Aquesta construcció en interior d’illa sí que ultrapassava el límit ideal traçat a 45º des del límit de la profunditat edificable de la parcel la de l’ara apel lada. Límit que en altres extrems del dictamen quedava clar que havia de veure situat l’inici del seu recorregut rectilini i ascendent en el sostre de la planta NUM001 de la finca de la Sra María Rosa , per dir-ho d’una forma entenedora.

I que l’ara apel lant era perfectament conscient que l’alçada reguladora aplicable a la finca de Calçats Fernández, SL, havia de determinar-se des de la rasant del carrer DIRECCION000 , ho evidencia l’enunciat de la seva pregunta núm 3 (les negretes seran nostres):

«Diga el perito si la altura de la planta del cuerpo interior de manzana de la casa de la calle DIRECCION000 nº NUM000 de Cornellà de Llobregat, además de no exceder de los 3,30m respecto de la rasante de dicha calle, tampoco ha de rebasar el plano ideal, trazado a 45º….».

És palmari que la pregunta portava implícita -com no podia ser d’altra manera- l’acceptació que el carrer a prendre en consideració als efectes de l’alçada reguladora, havia de ser el carrer DIRECCION000 . Entre d’altres raons (i fent abstracció del cas que ens ocupa), perquè la pretensió -en cas de finques confrontants ubicades en carrers diferents i de diferent rasant- d’aplicar l’alçada reguladora a la finca més elevada, des de la rasant de l’altre carrer, sovint podria conduir a la configuració de volums incompatibles amb les normes d’habitabilitat, o només útils per a persones d’estatura més aviat reduïda.

És veritat que al pèrit processal li va ser formulada una cinquena pregunta, la resposta a la qual va ser la que van transcriure les Sentències dictades en primera i segona instància. Pregunta que anava adreçada a confrontar el volum controvertit amb l’alçada reguladora de 3,30m mesurada des del carrer DIRECCION001 , amb un resultat d’escreix d’1,18 m, com era d’esperar.

En puritat, es tractava d’una pregunta que, ni hauria d’haver estat admesa, ni el pèrit l’hauria d’haver respost; perquè podia donar lloc a confusió i a diluir el centre neuràlgic de les conclusions del facultatiu, que, certament -volem insistir-, es trobava a les respostes donades a les preguntes 3 i 4. Apreciació, aquesta, no desmentida pels aclariments posteriors, l’únic clar i determinant dels quals és aquell que, a propòsit del mesurament fet de l’alçada del volum controvertit des del carrer perpendicular DIRECCION001 , reconeix que aquest mesurament no respon «a ningún articulado del PGM sinó a un tema de niveles»; altrament dit: a una mera apreciació fàctica, la qual -podríem afegir nosaltres- havia de resultar tant útil i pertinent com fer el mateix mesurament des del nivell del mar, per posar un exemple.

SISÈ: Les apreciacions anteriors s’han vist corroborades en seu d’apel lació pel dictamen complementari emès pel mateix pèrit processal; el qual ha reiterat que el volum que ens ocupa ha de respectar l’alçada reguladora de 3,30m, mesurada aquesta des del «centro de la fachada de la finca DIRECCION000 , NUM000 , a partir de la rasante de la acera en este punto», i, alhora, ens ha permès corroborar amb les seves apreciacions que el projecte de demolició parcial promogut per Calçats Fernández, SL, és susceptible de satisfer la necessària i inexorable adequació de la construcció a les prescripcions del PGM relatives a alçada reguladora i a distàncies mínimes amb finques confrontants situades a diferent nivell.

SETÈ: Les consideracions precedents ens hauran de portar a rebutjar la pretensió d’inexecutabilitat sostinguda per les apel lants; sens perjudici d’estimar parcialment ambdues alçades en apreciar-se que, efectivament, la Resolució interlocutòria d’instància ha incorregut, ateses les circumstàncies, en un dèficit de motivació ( art 120.3 CE ) a l’hora de donar resposta i analitzar els temes debatuts i el material probatori disponible, donant lloc -certament de forma involuntària- a una situació d’incertesa o indefinició que s’escau enervar.

I fruit de les mateixes consideracions, haurem de rebutjar els motius d’oposició esgrimits per l’apel lada, perquè com hem pogut comprovar, el designi autèntic del nostre veredicte d’octubre de 2009, ha quedat definitivament precisat.

VUITÈ: Atès allò que disposa l’ art 139.2 LJCA , no s’imposaran costes.

Atesos els preceptes legals esmentats, així com la resta de general i pertinent aplicació,

R E S O L U C I Ó:

Aquesta Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per tot allò que ha estat exposat HA DECIDIT:

ESTIMAR PARCIALMENT els recursos d’apel lació deduïts, amb l’oposició de Doña María Rosa , per L’IL LM AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT i per CALÇATS FERNÁNDEZ, SL contra la Resolució interlocutòria de data 23 de setembre de 2011, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm 7 de Barcelona a l’incident d’execució núm 2/2011, dimanant del recurs ordinari núm 502/2005-F, i, conseqüentment:

1: DECLARAR la plena executabilitat de la nostra Sentència núm 970, de 27 d’octubre de 2009 (apel lació 275/2007) i, en aquest sentit, integrar el veredicte tot precisant que, de conformitat amb allò que resulta de la pericial practicada en el seu moment, l’excés d’obra a enderrocar és el que ve determinat per l’aplicació simultània de l’alçada reguladora de 3,30m mesurada des del carrer DIRECCION000 , NUM000 , de Cornellà de Llobregat, i de la separació a la finca ubicada al carrer DIRECCION001 , NUM002 de la mateixa població, determinada -la dita separació- per un pla ideal, traçat a 45º des del límit de la profunditat edificable d’aquesta darrera finca, a partir de l’alçada màxima de la seva planta NUM001 (…)»

No podrem excloure -això sí- l’existència de dany moral -d’un dany moral exclusivament associat a la situació de neguit patida injustament per la Sra María Rosa -, encara que la quantificació d’aquest dany hagi de restar limitada a 12.000 euros, en considerar, aquest Tribunal -sota criteris de prudència-, que aquesta és una quantitat que guarda la deguda proporció amb les característiques de la situació.

L’apel lació, doncs, haurà de prosperar parcialment.

SISÈ: De conformitat amb l’ art 139.2 LJCA , no s’imposaran costes.

DECISIÓ:

Per tot allò que ha estat exposat, aquesta Secció 3ª de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya HA DECIDIT:

ESTIMAR PARCIALMENT el present recurs d’apel lació núm 212/2014, promogut per L’IL LM AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT -amb l’oposició de Doña María Rosa – contra la Sentència núm 1, d’1 de gener de 2014, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm 17 de Barcelona en el sí del procediment ordinari núm 191/2012, i, conseqüentment:

1: DEIXAR sense efecte i substituir, l’import de la indemnització de 25.000 euros fixada pel Jutjat d’instància, per una indemnització de 12.000 euros per danys morals, i

2: REVOCAR i deixar també sense efecte la condemna en costes que es conté a la Sentència apel lada.

Sense costes.

Notifiqueu aquesta Sentència a les parts amb l’advertiment que és ferma i, com a tal, insusceptible de recursos.

Alhora, trameteu una certificació del present veredicte, amb l’ofici corresponent, al Jutjat d’origen, per tal que hi pugui dictar els pronunciaments d’execució que siguin pertinents.

Aquesta és la nostra Sentència, que pronunciem, manem i signem. Adjunteu-ne una certificació literal al rotlle d’apel lació,

PUBLICACIÓ.- El dia d’avui i en audiència pública, el Magistrat ponent ha llegit i ha publicat la Sentència anterior. En dono fe.

Introducció a una xerrada sobre envelliment de la ciutat i declaració de ruïna.

~ Joan Amenós ~ Deja un comentario

…[Anoto aquí les primeres paraules d’una sessió amb el títol indicat, en el marc d’un curs sobre Dret urbanístic]

         1.-Les ciutats es desgasten, “construïdes lentament/amb pedres que ahir van ser/vides humanes: amors, sofriments que ningú recorda”[1]. La present xerrada versarà sobre dos instruments que tenen objectius diferents. En primer lloc, la declaració de ruïna, que vol resoldre jurídicament la qüestió del pas del temps i la corrosió que causa en els edificis. [En segon lloc, la inspecció urbanística, que és un instrument per a una finalitat diferent. Si la normativa urbanística vol controlar la configuració i l’ús dels terrenys i de les construccions, la inspecció serà, simplement, una eina per a afavorir l’èxit d’aquesta regulació].

*

         2.-D’acord amb el marc jurídic vigent, l’edifici neix a la vida un cop obtinguda i executada la pertinent llicència (la mera comunicació operaria per a actuacions menors). Al llarg de la vida d’aquesta construcció, el propietari podria optar per l’enderroc i el permís li podria ser concedit, excepte que alguna norma tuïtiva ho impedís (i això sense perjudici de les conseqüències civils d’aquesta cirurgia destructiva).

         Però, evidentment, no és aquest l’escenari habitual. Continuem, per tant, amb la vida ordinària de les llars i dels locals, amb el seu propietari concret (i amb la presència habitual de la comunitat de propietaris, ens sense personalitat jurídica i que juga un paper determinant, especialment quan es tracta de la gestió dels seus elements comuns).

*

         3.-L’ordenament permet al propietari gaudir de l’habitatge i també disposar d’ell. Ara bé, l’imposa, a més un deure de manteniment, pensant principalment en els tercers (que no han de patir els efectes de la seva desídia, manifestats en una mola de pedra i  ferralla deixada de la mà de Déu). El Codi Civil[2] ha resumit perfectament la qüestió:

                      a) Si un edifici, paret, columna o qualsevol altra construcció amenacés ruïna, el seu propietari :

                            -Estarà obligat al seu enderroc.

                            -O bé, a executar les obres necessàries per a evitar la seva caiguda.

                       b) Si el propietari no ho fes, l’Autoritat podrà fer-la enderrocar a costa seva. No obstant, s’ha interpretat tradicionalment que aquesta autoritat (pel que ens interessa, l’Administració Pública), també podria ordenar la mesura de menys gravetat: la realització de les obres que siguin precises.

*

         4.-Cal recordar, a més, que el propietari d’un edifici és responsable dels danys que resulten de la ruïna de tot o d’una part d’ell, si aquesta situació sobrevé per falta de les reparacions necessàries.

         La cadena iusprivatista de protecció es tanca amb la generalització de l’assegurança de responsabilitat civil. Es procuraria així no produir un dany per culpa o negligència  a tercers que, infaustament, podrien ser víctimes de l’edifici en mal estat.

*

         5.-Ara bé, el cert és que, com hem vist, el Codi Civil mostra una gran confiança en el paper de l’Administració. Neix així una impressionant policia administrativa de la construcció, dirigida al manteniment de les condicions de seguretat, salubritat i ornat públic. Actualment, a més, s’afegeixen les condicions d’accessibilitat i l’ornat públic engreixa amb motivacions turístiques i culturals. Fins i tot, es nega al propietari la facultat d’enderrocar si el bé s’inclou en un catàleg de protecció o si queda afectat pels supòsits tuïtius de la legislació de patrimoni històrico-artístic.

*

         6.-Neix així  el substanciós problema del deure de conservació i de les ordres d’execució d’obres que, en relació amb ell, dicta l’Administració. I dic substanciós perquè l’esmentat deure no ha parat de créixer i planteja delicats debats jurídics. Així, per exemple, es diferencia l’obligació de conservar del deure d’adaptació als requisits tècnics que la normativa va imposant (és a dir, nous estàndards, que poden operar en alguns casos retroactivament). D’altra banda, es considera que dins del  normal manteniment poden encabir-se regulacions per motius històrics o culturals i també de millora de la qualitat o sostenibilitat. La regla tradicional ens diu que si es tracta de millores d’interès general, el seu pagament no correspon al propietari. Ara bé, la hipertròfia del deure de conservació ha portat el legislador fins i tot a establir un límit econòmic a les obres que s’imposin (en concret, el 50% del valor de l’edifici). Deixarem ara, però, d’examinar aquestes qüestions perquè, segons veig, ja són explicades en altres punts del programa.

*

         7.-Fins ara hem vist una gestió individualitzada de la conservació, de la maduració i agonia de les construccions. Potser caldria afegir, en aquest marc, la inspecció tècnica de l’edifici (amb emissió d’informe del facultatiu i posterior certificat d’aptitud). Aquest és un tema que comentarem després (així com la declaració de ruïna, que és el que ens pertoca).

*

         8.-Però aquesta introducció quedaria coixa si no féssim una succinta referència al nou model de regeneració, rehabilitació i renovació urbanes, present tant a la legislació estatal com a la legislació autonòmica. En aquest cas, s’intenta un enfocament més global del problema de la conservació del patrimoni construït i fins i tot es rescaten (per al sòl ja urbanitzat)  les tècniques de delimitació i repartiment  de càrregues ja emprades històricament al sòl urbanitzable. Evidentment, tot això precisa uns ajustaments molt delicats. Per exemple, alteració de la definició de sòl urbà consolidat (que passaria a ser no consolidat, amb cessió de terrenys en cas de plusvàlua per augment d’edificabilitat o millora o intensificació dels usos); exempció de cessions en alguns casos;  importància de la subvenció pública en les operacions de regeneració, rehabilitació i renovació; etc.

         En definitiva, un delicadíssim instrumental amb dubtoses possibilitats d’èxit tenint en compte, a més, el futur dels pressupostos públics. D’altra banda, el triomf de les “tres r” (regeneració, rehabilitació i renovació) implica de manera gairebé automàtica la criticada “gentrificació” dels cascos antics, que sols pot suavitzar-se amb una política  omnipresent d’habitatge públic i amb una adequada fixació geogràfica dels serveis públics. En aquest sentit, alguns companys italians em comenten que ja ha començat la reflexió acadèmica sobre la recuperació de les ciutats després de la pandèmia i el paper que han de jugar les administracions públiques i els seus instruments.

*

         9.-En aquest context, és estrany parlar de declaracions de ruïna. L’objectiu de la institució no és la conservació (que és el que preval en la filosofia de la normativa vigent) sinó, més aviat, la substitució de les construccions obsoletes. Ara bé, és cert que la declaració de ruïna mostra dues fases: en una primera, ha d’intentar-se reparar l’edifici. És a dir, cal inicialment respectar obligacions de seguretat, salubritat i ornat, cosa que pot reclamar que l’Administració dicti les pertinents ordres.

…No obstant, en una segona fase, la declaració de ruïna ja determina l’evacuació de l’ordre d’enderroc. Es tracta d’una mesura limitativa i individualitzada.  Per tant, no es produeix en el marc de plans especials de reforma interior o de renovació urbana. Amb aquesta declaració de ruïna i ordre d’enderroc, cessa el deure de conservació imposat per la legislació urbanística.

*

…10.-En l’estudi de la ruïna, és fonamental l’anàlisi de les circumstàncies. Abans, però, cal dir que la ruïna pot ser total o parcial (d’un fragment de l’edifici) i que, com veurem després, pot ser ordinària o imminent (en aquest darrer cas, quan s’observa una situació de perill). Les circumstàncies que habiliten per a la declaració de ruïna són les següents:

……a)Ruïna tècnica: en aquest cas, la reconstrucció sols seria possible per mitjans anormals. S’ha produït un esgotament estructural  i caldrà el desallotjament.

……b)Ruïna econòmica: quan el cost de les obres de reparació per a aconseguir les condicions mínimes d’habitabilitat o funcionalitat ja és superior al 50% del que costaria un habitatge idèntic de nova planta.

……c)Ruïna urbanística: quan són precises obrés més intenses que la mera conservació, però es tracta d’obres no autoritzables. La situació, per tant, és de fora d’ordenació).

*

         11.-Pel que fa la procediment de declaració de ruïna, cal destacar tres etapes:

……          a) Inici: pot ser d’ofici a o a instància de part. En el primer cas, podria adoptar la fórmula d’un informe dels serveis tècnics, petició raonada d’altres òrgans o denúncia. En el segon cas, la part haurà d’aportar els motius, la relació d’interessats i la certificació expedida per facultatiu competent. A més, caldrà afegir les valoracions pertinents si existeix ruïna econòmica.

…      La incoació serà notificada als interessats, que hauran de rebre còpia literal dels informes tècnics justificatius.

……          b) La fase d’al·legacions: dura entre deu dies i un mes. En aquesta etapa, s’evacuarà l’informe i proposta de resolució elaborat pels serveis tècnics municipals. Apareix aquí la rellevant jurisprudència que atorga major fiabilitat als informes pericials emesos per tècnics designats per insaculació en el procés judicial (i, durant el procediment administratiu, pels funcionaris municipals especialitzats).

……          c) Resolució: ha de dictar-se en un termini de 6 mesos (amb silenci negatiu si ha estat iniciat a instància de part i amb caducitat en cas d’incoació ex officio). En el seu contingut s’ordenarà la rehabilitació o bé l’enderroc. A més, precisarà terminis per a aquestes actuacions i si calen obres provisionals. Si es tracta d’un bé catalogat o d’un Bé d’Interès Cultural  no es procedirà a la demolició, excepte autorització del Departament de Cultura (tot i que la ruïna serà declarada).

*

…12.-Pel que fa als efectes, cal advertir en primer lloc que són possibles tant l’apertura d’un procediment sancionador (per les infraccions en matèria de conservació d’edificis) com la inclusió al Registre municipal de solars si no s’inicia l’obra en dos anys.  A més, ordinàriament caldrà ordenar el desallotjament (amb desnonament administratiu, si calgués). No es preveu el reallotjament ni el retorn, segons la legislació urbanística (encara que podria penetrar en el marc d’una mesura de foment a la rehabilitació que rebés el propietari). La demolició s’efectuarà prèvia obtenció de la llicència d’enderroc.

*

         [Com a continuació de la xerrada sobre aquest tema, em remeto, bàsicament, a  la font indicada a sota i als materials que es determinaran a classe:

.-“La declaració de ruïna d’immobles” (EAPC).

.-Llistat de jurisprudència (elaboració d’Oriol Caudevilla)

.-Reflexió global: Alex S. Maclean y el renacimiento de las ciudades arruinadas (són tres articles)]

.-Declaració de ruÏna i inspecció urbanística. Bibliografia i qüestions.

***

[1] Narcis Comadira, “Les ciutats” (1976), a Formes de l’ombra: Poesia 1966-2002, Barcelona, Edicions 62 i Empúries, 2002, p. 169.

[2] Arts. 389 i 1907 CC. També convé consultar l’art. 1910 CC.

***

 

Genius loci

~ Joan Amenós ~ Deja un comentario

       Visc a prop de l’hospital de Can Ruti, a Badalona. En pocs dies, canvià la seva fesomia i, segons em comenta un amic, una part dels malalts passaren a l’Institut Guttmann (un hospital proper dedicat a la neurorrehabilitació) i uns altres a un hotel situat a uns tres quilòmetres -crec que era l’hotel San Rafael, també a Badalona-.

       Moltes altres clíniques modificaren de manera similar i abrupta la seva distribució i  les seves mides. Es crearen sanatoris del no-res. També dipòsits de cadàvers. L’espai, que tant inflexible ens sembla sovint, fou reordenat en un immens trencaclosques de supervivència. Ara que les parets i el terra van recuperant l’aspecte que tenien abans, em ve al cap l’avís de Narcís Comadira, al seu poema  “Les ciutats”:

 

He llegit que Morosini,
general ambaixador
de Venècia, volgué
endur-se les escultures
del frontó del Partenó.

Va fer muntar una bastida,
hi va fer grimpar els esclaus
i, en el moment més difícil,
algun puntal va fallar.
Caigueren homes i estàtues.

Decebut, el general
va abandonar el seu projecte.
Ell les volia senceres.
Els trossos allà escampats
varen servir per fer cases.

Molts savis han meditat
sobre el sorprenent misteri
de poder crear bellesa
a partir d’un bloc de marbre.
Pocs sobre el camí contrari:

treure un carreu escairat
del tors d’algun déu antic,
convertir en grava una Venus,
poder trepitjar llambordes
fetes d’homes sagrats…

Així s’han fet les ciutats:
construïdes lentament
amb pedres que ahir van ser
vides humanes: amors,
sofriments que ningú recorda.

**

Narcís Comadira, Les ciutats. (1976), en Formes de l´ombra: Poesia 1966-2002, Barcelona, Edicions 62 i Empúries, 2002, p. 169

***

Distancia social

~ Joan Amenós ~ Deja un comentario

        Es probable que el origen esté en la copia de la expresión inglesa “social distancing”, aunque en dicha lengua también se usa “physical distancing” y  existe asimismo la forma verbal “to keep distance”. Ahora bien, en castellano suena un poco cargante y nada añade al tradicional y más preciso “guardar distancia”. Es la primera regla del boxeo y se ha revelado como la norma normarum contra la pandemia.

        Cuando uno sale de casa, automáticamente empieza a operar la ley del alejamiento, con o sin pandemia, porque el ámbito ya es colectivo y lo normal es, precisamente, la presencia no escrita de áreas donde el contacto o la mera cercanía no se aceptan. Por eso se dice que toda distancia es social. En consecuencia, esta moda  de la “distancia social” sería algo así como la “distancia distanciada” o la “distancia sobre distancia”. En definitiva, un adjetivo que nada añade y que se muestra pesado y reiterativo. Conviene, pues, guardar o mantener las distancias si quiere  arrimarse.

***

Hipócrates del brazo de Marte.

~ Joan Amenós ~ Deja un comentario

            El número de julio-septiembre de 2019 de Sanidad Militar. Revista de Sanidad de las Fuerzas Armadas de España, incluye un artículo titulado “Desarrollo de solución inyectable de ribavirina en el Centro Militar de Farmacia de la Defensa como tratamiento de urgencia frente a agentes víricos altamente infecciosos. Cobertura de una laguna terapéutica “ (firmado por Rodríguez Fernández, M.J.; Ballesteros Torres, E.; García Cifuentes, M.; Somalo Duque, S.; Miguel Sebastián, A. de; Díaz Martínez, S.; Diez Álvarez, N.). No se refiere al Covid-19, pero para nosotros los legos su primera parte nos da una interesante información sobre las posibles crisis derivadas de transmisión de infecciones en tiempo de paz (y, en su caso, como dispositivo con finalidad bélica).

…        La llamativa  irrupción de las Fuerzas Armadas en el paisaje de estos días (con un punto colorista para nuestra mentalidad civil) pone sobre el tapete la decisión sobre el papel que conviene atribuirles en los años venideros. Alguna vez nos habíamos entretenido hablando  –medio en broma y medio en serio- sobre el contraste entre su callada tarea y su genética disposición al sacrificio (rara avis en esta modernidad líquida). El compañero J.C. Alli-Turrillas ha reflexionado sobre estos temas y, casi sin querer, ha dado el pistoletazo a una meditación necesaria.

            “¿Qué fue de la sanidad militar?”   J-C Alli-Turrillas

***

Ridiculez desvelada.

~ Joan Amenós ~ Deja un comentario

…Cuando el lenguaje asume sus funciones naturales, se libera inmediatamente de lastre. Desde hace más de un mes, no he oído todavía estas combinaciones: «sanitarios y sanitarias», «curados y curadas», «fallecidos y fallecidas», «muertos y muertas»…

***

Decreto-Ley 11/2020, de medidas urgentes en el ámbito social y económico (nuevas ayudas en vivienda): o es inconstitucional o es ilegal.

~ Joan Amenós ~ Deja un comentario

…1.-No conviene valorar cuestiones profundas a bote pronto. Es una regla básica en el mundo jurídico. Sin embargo, es verdad que -en estos días- la rapidez normativa, la situación de excepcionalidad y la preocupación ciudadana ante la limitación de derechos y libertades nos tiran de la lengua.

…Esto es justamente lo que ha ocurrido con el Real Decreto Ley 11/2020, de medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19. En dos ocasiones, pergeñé algunas reflexiones para acercarme a su contenido en lo relativo a la modificación del plan estatal de la vivienda. Ello incluía el análisis de la endiablada redacción de la orden ministerial de desarrollo (sobre esto último, me remito a lo que ya apunté aquí, como hipótesis interpretativa).

*

…2.-El legislador optó por la fórmula del Decreto-ley.  Ello implica la derogación de las leyes que se le opongan. Ahora bien, la extraordinaria y urgente necesidad sólo le permitía regular aspectos relativos al COVID-19 . Así lo hizo, correctamente, al articular las ayudas al alquiler  cuando el pago de éste se dificulte ante el impacto social y económico de la enfermedad.

…       Sin embargo, ya sabemos que el legislador de urgencia aprovechó para crear otro programa nuevo que sustituía a uno anterior (todavía vigente), que alteraba todo el listado de beneficiarios y que no tenía relación con el COVID-19 (como se reconoce en la exposición de motivos de la Orden de desarrollo).

…       Esto quiere decir que son inconstitucionales los preceptos del Decreto-Ley que articulan el nuevo programa, que no pueden beneficiarse de la extraordinaria y urgente necesidad propia del COVID-19 y que, por tanto, no quedarían derogados los preceptos de la legislación de vivienda que habilitan y regulan la aprobación de los planes estatales del sector.

**

…       3.-Ahora bien, es cierto que, en este punto, puede darse el caso de que no se vea afectado el contenido de ninguna Ley. Es un tema que habría que mirar con algo más de calma, pero es verdad que la legislación del sector es muy generosa con la habilitación entregada a la Administración para aprobar los planes citados. La discrecionalidad reglamentaria es aquí muy ancha y, en la práctica, la clave está en la previsión presupuestaria y en la adecuada coordinación con las Comunidades Autónomas.

…       Ello me llevó a plantear la posibilidad de “salvar” el contenido del Decreto-ley como simple Decreto, como norma reglamentaria que había modificado el Plan estatal vigente de vivienda. Se planteaba entonces el problema del procedimiento de aprobación de esta nueva norma.

…       Es cierto que la jurisprudencia ha  admitido a menudo el incumplimiento de ciertos trámites en el uso de esta potestad y se ha resistido a  anular la norma y ordenar la retroacción en el procedimiento de elaboración. Es más, el Ejecutivo  podría alegar la especial situación de necesidad que estamos viviendo. Ahora bien, ello sólo jugaría para la materia afectada por el Covid-19 (por ejemplo, las ayudas al alquiler que hemos citado).

 …      En cambio, no parece justificable alterar los trámites habituales de aprobación de los planes estatales de vivienda  y, por supuesto, la consulta, audiencia e información públicas reguladas en el art. 133 de la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común, para crear un nuevo programa de ayuda, que altera los beneficiarios hasta ahora existentes y que carece de relación con la situación de grave necesidad derivada de la pandemia. Incluso a un nivel meramente divulgativo, es extraño  que organizaciones representativas (art. 133.1 LPAC) y bien conocidas por la Administración (la PAH en el caso de los desahucios, las diversas entidades feministas en el caso de las mujeres maltratadas o las  asociaciones de apoyo a las personas sin hogar) se hayan enterado de un plan crucial sólo por la prensa (y sin haber consultado el expediente).

 …      En definitiva, si el conjunto de reglas del nuevo programa que se incluyen en el Decreto-ley alteran o modifican el contenido de alguna norma con rango de Ley, deben reputarse inconstitucionales, puesto que no están amparadas por una situación de extraordinaria urgencia y necesidad.

       Si, por un principio elemental de conservación de actuaciones, se apuntara que no son contrarias a ninguna Ley en vigor y que pueden subsistir con rango reglamentario gracias a su aprobación por Decreto, entonces han de calificarse como ilegales, puesto que han vulnerado los ritos  propios de aprobación de los planes estatales de vivienda y, de forma clamorosa, el art.133 de la LPAC, no existiendo –como reconoce el mismo legislador- una razón grave de interés público que lo justifique (y sí, más bien, “servirse” de la situación para cambiar la orientación y el listado de beneficiarios de ayudas todavía vigentes y reguladas por norma reglamentaria).

***

Diarios para un confinamiento (y XXV).-Al asalto.

~ Joan Amenós ~ Deja un comentario

…Por supuesto, el confinamiento va a continuar, estricto o atenuado. Pero me reconocerán que ya llevamos días mirando más afuera que adentro. Seguirá la situación de peligro, pero enmarcada en graves interrogantes políticos, sociales y económicos.

…Por devoción o por obligación, habrá que ir contestando a muchas preguntas. Hemos aprendido, otra vez más, que todos dependemos de todos, como anotábamos el primer día. El heroísmo mostrado por cualquier hijo de vecino es nuestra principal esperanza. Pero ello no nos puede llevar al triunfalismo. Habrá que pensar, entre otras muchas cosas, en el brumoso relajamiento de las semanas previas a la declaración de alarma, en el inestable equilibrio entre control y libertad, en el nuevo tablero internacional…

…Evidentemente, este cuaderno seguirá su camino, aunque se cierra la crónica compacta y cotidiana de veinticinco jornadas de encierro. Espero que todos ustedes se encuentren bien de salud. Lo del título es por la tarea inmensa que nos queda por delante. Mucha suerte.

***