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La Constitución española ha recibido un golpe certero. No cabe invocar sus virtudes el viernes y pecar por la puerta de atrás el sábado. Esta reforma merecía un debate, si nos creemos que la norma suprema es algo más que una técnica de leguleyos para articular la jerarquía de los mandatos. Por esa línea va el artículo de hoy de Pablo de Lora.
La verdad es que había pergeñado algún comentario sobre el cambio de “disminuidos” por “personas con discapacidad”. Entre otras razones, porque es ir de un cierto grado de cualidades físicas y psíquicas al nivel cero (la falta de capacidad). De hecho, esos temas son el núcleo de esta sección. Tampoco parece aceptable a estas alturas la discriminación en contra de la mitad de los afectados, que ya nacen –ex lege– con una doble carga (persona con discapacidad y, además, varón).
Y, en fin, es fácil advertir que era el momento ideal para reflexionar sobre el papel de los principios rectores de la política social y económica y sobre lo que implica exactamente su aplicación y su carácter programático.
Sorprende, por supuesto, el escaso ruido doctrinal sobre todo lo anterior, quizá causado porque la característica central del intelectual posmoderno radica en captar la tendencia dominante y ponerse al rebufo. El matorral estaba repleto de pinchos: el drama humano, la complejidad y variedad de los daños que se sufren, la exhibición política del fabuloso “consenso” que se ha logrado, las baterías ya preparadas del pensamiento políticamente correcto…Mejor desviarse un poquito. Sólo algunos valientes, como don Pablo de Lora, se atreven a profundizar en la cuestión:
Anomalías constituyentes y discapacidad.
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