Grosso modo, podríamos decir que la Administración Pública ha vivido en nuestro país dos grandes procesos de reducción de sus bienes inmobiliarios. El primero -la desamortización por excelencia, la decimonónica- se basaba en un motor ideológico. Vino luego-ya en la segunda mitad del siglo XX e inicios del XXI- una desamortización que podríamos catalogar de “económica”, espoleada por la liberalización de los servicios públicos y por el ajuste a la normativa de control del déficit.
Iniciamos ahora lo que podríamos llamar “desamortización tecnológica”, con una reducción de superficies en la ya venerable institución del “edificio administrativo”. Si en los últimos años la estrella jurídica ha sido el alquiler de locales por la Administración, el teletrabajo y otros avances tecnológicos están permitiendo el retorno a la propiedad compensado con nuevas figuras como el contrato de servicios de coworking, en el que la relación de la Administración con el local es mucho más fluida que la del arrendatario poseedor.
Para hablar de todas estas cosas, me desplazo a Perú (Universidad Ncional de Trujillo*) y a Chile (Congreso Iberoamericano de municipalistas-Valdivia, Chile*) con el equipo de investigación sobre teletrabajo y Administración Pública capitaneado por mi admirado Federico Castillo, catedrático de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada. Empezamos a reflexionar hace unos meses con algunas hipótesis (que aquí les dejo*) y les invito a desplazarse, porque seguramente han variado ya las premisas iniciales y se han alumbrado nuevas conclusiones. Si no pueden acercarse, ya les aviso que muy pronto se publicará un volumen colectivo con el fruto de este trabajo y con las interesantísimas aportaciones de mis compañeros.
Ciudades, leyes y letras 