Tribunal Superior de Justicia

 

TSJ de Madrid, (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª) Sentencia num. 260/2013 de 15 marzo

 

RJCA\2013\790

SUELO Y ORDENACION URBANA-URBANISMO: Intervención en la edificación y uso del suelo: ordenes de ejecución: orden de ejecución de obras de seguridad, salubridad y ornato público: incumplimiento: ejecución sustitutoria: reclamación del pago del coste del derribo: la titularidad del inmueble se encontraba ampliamente controvertida: asunción de deuda por la Administración del Estado: abono procedente.

ECLI:ECLI:ES:TSJM:2013:5832

Jurisdicción:Contencioso-Administrativa

Recurso contencioso-administrativo 1908/2008

Ponente:IIlma. Sra. María Desamparados Guillo Sánchez-Galiano

El TSJ de Madrid estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Ayuntamiento de Irún, contra la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de05-06-2007, sobre denegación del pago del coste del derribo.

 Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Sala de lo Contencioso-Administrativo

 Sección Sexta

C/ General Castaños, 1 – 28004

33009730

 NIG: 28.079.33.3-2008/0113264

 Procedimiento Ordinario 1908/2008

 Demandante: AYUNTAMIENTO DE IRUN

PROCURADOR D./Dña. ISABEL COVADONGA JULIA CORUJO

 Demandado: TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Sr. ABOGADO DEL ESTADO

Rec.nº 1908/2008

Ponente: Sra. AMPARO GUILLÓ SÁNCHEZ GALIANO

 S E N T E N C I A NUM.260

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEXTA

ILMOS . SRES . :

 PRESIDENTE

 Dña. TERESA DELGADO VELASCO

 MAGISTRADOS:

 Dña. CRISTINA CADENAS CORTINA

Dña. AMPARO GUILLÓ SÁNCHEZ GALIANO

 Dña. EVA ISABEL GALLARDO MARTIN DE BLA

1. FRANCISCO DE LA PEÑA ELÍAS

En Madrid, a 15 de marzo de 2013.

 VISTO el presente recurso contencioso-administrativo nº 1908/08 promovidos por la Procuradora Sra. Juliá Corujo, en nombre y representación del Ayuntamiento de Irún, contra la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de fecha 5 de junio de 2007 por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto por el citado Ayuntamiento contra la comunicación de la Subdirección General de Obras y Patrimonio del mismo Departamento por la que se denegó el pago del coste del derribo del edificio sito en la Calle Larzabal nº 1 de dicha localidad; habiendo sido parte en autos la Administración demandada, representada y defendida por el Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

 PRIMERO .- Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos por la Ley, se emplazó al demandante para que formalizase la demanda, lo que verificó mediante escrito, en el que suplica se dicte sentencia por la que se declare la nulidad de pleno derecho de las resoluciones impugnadas y se declare la obligación de la Administración del Estado de abonar la liquidación practicada en concepto de «Redacción del proyecto de ejecución de las obras de derribo del edificio nº 1 de la calle Alberto Larzabal» cuyo importe asciende a 52.912,60 euros mas los intereses legales devengados desde el 25 de junio de 2005, con imposición de costas a la Administración demandada.

 SEGUNDO.- El Abogado del Estado contesta a la demanda, mediante escrito en el que suplica se dicte sentencia por la que se desestime en el fondo el recurso planteado y confirme las resoluciones recurridas.

 TERCERO.- Verificada la contestación a la demanda, quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento. Para votación y fallo del presente proceso se señaló la audiencia el día 17 de octubre de 2012. No se cumple el plazo para dictar sentencia debido al número y complejidad de los asuntos a resolver para las mismas fechas que el presente.

 VISTOS los preceptos legales citados por las partes, concordantes y de general aplicación

Siendo Ponente la Magistrada Ilma. Sra. Dña. AMPARO GUILLÓ SÁNCHEZ GALIANO.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

 Constituyen datos facticos que es preciso tener en cuenta en la resolución del presente proceso los siguientes:

El Ayuntamiento de Irún inicia en el año 2004 expediente de declaración de ruina del edificio sito en la calle Larzabal nº 1 de la localidad y conocido como «Casa Sindical». En el curso de dicho expediente se dicta Resolución de la Alcaldía en fecha 13 de mayo de 2004 por la que se acuerda poner de manifiesto el citado expediente y dar traslado del mismo al Ministerio de Trabajo, Empleo y ASSS , manifestando la Subdirección General del Patrimonio Sindical del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales conformidad a la existencia de ruina económica participada por el Ayuntamiento.

En fecha 15 de junio de 2004 el ayuntamiento dicta Resolución en la que acuerda: declarar en estado de ruina el citado edificio y ordenar al Mº de Trabajo la demolición, previa presentación del correspondiente proyecto técnico de derribo, apercibiéndole de la posibilidad de ejecutar lo ordenado por dicho Ayuntamiento, en caso de incumplimiento, en vía subsidiaria y a costa del obligado. Dicha resolución es notificada en la Subdelegación del Gobierno de Guipúzcoa en las Dependencias de Trabajo y Asuntos Sociales en fecha 22 de junio de 2004.

En fecha 5 de junio de 2004 la Subdirección General de Obras y Patrimonio del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales comunica al Ayuntamiento de Irún lo siguiente: «Se ha recibido en esta Subdirección General la Resolución nº 1555 de fecha 15 de junio de 2004 del sr. Alcalde Presidente de ese Excelentísimo Ayuntamiento, relativa a la declaración de ruina del inmueble del Patrimonio Sindical sito en la calle Larzabal 1 de esa localidad. En relación a la misma les informamos que no es técnicamente posible realizar la elaboración de un proyecto de demolición y su correspondiente oba en el aplazo de un mes, tal como se expone en el punto 2 de la precitada resolución. Por ello creemos mas operativo que la demolición del inmueble se realice por ese Excmo. Ayuntamiento, asumiendo este Departamento cualquier coste económico que se derive de las obras .

En fecha 3 de noviembre de 2004 el Ayuntamiento acuerda la contratación del proyecto y ejecución de las obras de derribo del citado edificio con un importe máximo de 60.000 euros y se aprueban los pliegos para la contratación de las obras ordenando la notificación del acuerdo al Mº de Trabajo. En fecha 12 de enero de 2005 se acuerda por el Ayuntamiento la adjudicación del contrato notificándose también al Mº dicho acuerdo. La liquidación de gastos por importe de 52.912,60 euros correspondientes a la redacción del proyecto y ejecución de las obras de recibo es remitida al Ministerio en fecha 11 de mayo de 2005 .

En fecha 24 de mayo de 2005 la Subdirección General de obras y Patrimonio del Ministerio de Trabajo comunica al ayuntamiento textualmente lo que sigue: » se ha recibido en esta Subdirección… liquidación de gastos por importe de 52.912,60 euros de este Excmo. Ayuntamiento en el que se da cuenta de las obras realizadas para derribar el edificio numero 1 de la calle Alberto Larzabal de esta localidad. Para poder hacer frente al pago de las obras que se han ejecutado , es preciso que envíen a esta subdirección General la siguiente documentación:…» La citada documentación es remitida pro el Ayuntamiento en fecha 17 de junio de 2005. En septiembre de 2006 se requiere de nuevo el pago de la liquidación de gastos al Ministerio de Trabajo por parte del Ayuntamiento .

Mediante comunicación suscrita por la titular de la Subdirección General de Obras y Patrimonio del Mº de Trabajo y Asuntos sociales de fecha 31 de enero de 2007 se remite al Ayuntamiento de Irún, un escrito de contestación al escrito anterior del Ayuntamiento de 19 de septiembre de 2006 por el cual se reclamaba al Mº el coste económico vinculado al derribo del tan citado edificio cuya ejecución fue realizada subsidiariamente y liquidada por el Ayuntamiento por un importe de 52.912,60 euros, informando al Consistorio que se había solicitado informe a la Abogacía del Estado en fecha 23 de octubre de 2006 , en relación a la procedencia del pago derivado de la realización de dichas obras y que dicho informe, del que se envía copia compulsada al Ayuntamiento, establece en sus conclusiones que es el Ayuntamiento el que debe ser considerado propietario del citado inmueble desde al menos el 19 de enero de 1999, por lo que es él quien esta obligado al pago del coste de las obras de demolición derivadas de su propia resolución, sin que el Ministerio este obligado al pago, lo que se le comunica a laos efectos oportunos.

Contra esta comunicación es interpuesto por el Ayuntamiento recurso de alzada que se tramita y resuelve en fecha 5 de junio de 2007 mediante Orden del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales ahora impugnada en el presente recurso contencioso.

También es relevante reseñar el hecho de que en fecha 29 de enero de 1999 el Mº de Trabajo y Asuntos Sociales dicto Resolución denegando al Ayuntamiento de Irún las solicitud de reversión del inmueble que había sido solicitada por el Ayuntamiento en el año 1995. Frente a dicha denegación se interpuso por el Ayuntamiento un recurso contencioso administrativo que dio lugar a los autos 359/99 que fue resuelto en Sentencia de la Audiencia Nacional en fecha 12 de diciembre de 2000 y que estimando el recurso del Ayuntamiento anulo la resolución impugnada y declaro el derecho del Ayuntamiento de Irún a la reversión del inmueble, con sus pertenencias y accesiones . Esta sentencia fue recurrida por la Abogacía del Estado en casación siendo dictada sentencia desestimatoria por el Tribunal Supremo en fecha 24 de enero de 2006 .

En cumplimiento del fallo de la Sentencia del Tribunal Supremo , la Subsecretaria de Trabajo y AS dicta resolución en fecha 28 de abril de 2006 por la que confirma el derecho del Ayuntamiento a la reversión del inmueble y transfiere al Ayuntamiento la citada propiedad . La titularidad del citado inmueble es inscrita finalmente en el Registro de la Propiedad de San Sebastián numero 7 el día 16 de junio de 2006.

Contra las dos resoluciones de que se ha hecho merito en el encabezamiento de la presente resolución, se alza el Ayuntamiento de Irún, por entender que no le corresponde el pago de la cantidad a que asciende la obra de demolición del edificio en ruina; primero porque el propio Ministerio asumió en su momento tal pago comunicando dicho compromiso al Ayuntamiento y solicitando que realizase los trabajos y se le reintegraría su importe, y ,además, por que la titularidad del inmueble y la reversión al Ayuntamiento no fue reconocida por el Ministerio sino denegada por el mismo inicialmente, hasta el punto de que incluso interpuso recurso de casación contra la Sentencia de la Audiencia Nacional que así lo recocía en el año 2000. Por tanto, la asunción del pago de las obras se realiza por el Ministerio en una fecha en la que ya conocía el pronunciamiento de la Audiencia Nacional sobre la titularidad del inmueble favorable al Ayuntamiento.

Frente a ello, el representante de la Administración del Estado, mantiene las alegaciones que ya hiciese en el informe a que se ha hecho referencia anteriormente, alegando que el obligado al pago es el Ayuntamiento pues de conformidad con la norma aplicable, art. 97 del antiguo Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (Decreto de 27 de mayo de 1955), la reversión al Ayuntamiento del inmueble era automática por lo que ha de considerarse que el bien inmueble a demoler era propiedad del Ayuntamiento no desde el momento en que la sentencia del TS declara firme la de la Audiencia Nacional que desestimo la denegación de la reversión del bien al Ayuntamiento, sino desde el momento en que los bienes pasaron legalmente al patrimonio de la entidad local, que es una fecha muy anterior (29 de enero de 1999) a la de declaración de ruina del inmueble ( año 2004), por lo que es el Ayuntamiento de Irún el que debe afrontar el pago de la demolición del inmueble.

SEGUNDO

 .- Pues bien, considera la Sala que, en efecto, conforme mantiene la Abogacía del Estado, debe abonar el importe de las obras de demolición (declarada la ruina del edificio) el propietario del mismo, conforme establece el art.183 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana (aprobado por Decreto 1346/1976, de 9 de abril ).

La cuestión es que la titularidad del inmueble no ha sido, según se desprende de los antecedentes ya reseñados, cuestión pacifica desde que se declaró la ruina del edificio. Y no lo ha sido porque la reversión del inmueble fue inicialmente denegada por la Administración del Estado, pese a mantener ahora que conforme al Decreto de 1955 aplicable al supuesto, era legal y automática. Tal denegación provocó a su vez que el Ayuntamiento promoviese un procedimiento contencioso administrativo para determinar si la denegación de la reversión era conforme a Derecho que concluyo con Sentencia de la Audiencia Nacional en el año 2002 y que dio la razón al Ayuntamiento declarando el derecho del mismo a la reversión del inmueble, pese a lo cual la Administración del Estado recurrió dicha Sentencia en casación , para varios años después » asumir» (según escrito remitido al Ayuntamiento en fecha 15 de julio de 2004) cualquier coste económico que se derivase de las obras de demolición que se decía era mas «operativo» realizase el Ayuntamiento.

Tanto el principio de confianza legitima como la propia actuación de la Administración del Estado en este supuesto (doctrina de los actos propios) impiden considerar en este caso concreto que los gastos de demolición deban ser asumidos por el Ayuntamiento de Irún. Cualquiera que sea la naturaleza de la reversión declarada finalmente en Sentencia del Tribunal Supremo no puede darse ahora a la misma un efecto retroactivo que iría claramente contra tales principios, una vez asumida la deuda por la Administración del Estado en el año 2004, indicando al Ayuntamiento que por razones de necesidad y urgencia de la situación de ruina declarada del inmueble efectuase los trabajos necesarios de demolición, denegar en via administrativa y discutir en la judicial la reversión automática del inmueble al Ayuntamiento y después , obtenida una sentencia firme en la que la reversión se declara a favor del Ayuntamiento, venir contra todos sus actos anteriores, no asumir la deuda ya reconocida y pretender que el Ayuntamiento era el titular del inmueble desde fecha anterior a denegarle la reversión del bien pretendida por el mismo inicialmente.

Por ello consideramos que en el momento de declaración de la ruina del inmueble, la titularidad del mismo se encontraba ampliamente controvertida y no era ni automática, ni legal ni expresa y por ello también en aquella fecha, en que era necesaria la realización de los trabajos, no era, a estos efectos, propietario del bien el Ayuntamiento de Irún; por lo que, asumida la deuda por el Mº de Trabajo de forma expresa, debe ahora hacerse cargo de la misma y no resulta conforme a Derecho, como ha hecho en las resoluciones que se impugnan, denegar el pago de la misma al Ayuntamiento recurrente.

TERCERO

 Procede en virtud de lo expuesto, estimar el recurso interpuesto sin que se aprecien motivos que, a la vista de lo prevenido en el artículo 139 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , justifiquen una especial imposición de las costas causadas.

 VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLAMOS

Que DEBEMOS ESTIMAR el recurso contencioso-administrativo promovido por la Procuradora Sra. Juliá Corujo, en nombre y representación del Ayuntamiento de Irún, contra la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de fecha 5 de junio de 2007 por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto por el citado Ayuntamiento contra la comunicación de la Subdirección General de Obras y Patrimonio del mismo Departamento por la que se denegó el pago del coste del derribo del edificio sito en la Calle Larzabal nº 1 de dicha localidad. Por lo que, debemos declarar y declaramos que dichas resoluciones no son conformes a Derecho y las anulamos; declarando la obligación de la Administración del Estado demandada de abonar la suma de 52,912,60 euros, importe de la liquidación practicada en concepto de «Redacción del proyecto y ejecución de las obras de derribo del edificio nº 1 de la calle Alberto Larzabal «, más los intereses legales devengados por dicha cantidad desde el 25 de junio de 2005 ; todo ello sin hacer expresa imposición de costas.

Así por esta nuestra Sentencia, que se notificará en la forma prevenida por el art. 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , lo pronunciamos, mandamos y firmamos.