Categoría: Domini públic

Seminario sobre nuevas formas de organización y prestación de servicios en una Administración Digital. Especial referencia al teletrabajo. Granada, 24 de mayo (II).

~ Joan Amenós ~ Deja un comentario

Edificio de Nuevos Ministerios. Madrid. 1949. Fuente: ***

1.-Tal como vimos en el tríptico presentado ayer* -la inscripción está aquí***-, el planteamiento de la jornada del viernes 24 en la Facultad de Derecho de Granada es múltiple. Es cierto que ya son abundantes los trabajos sobre digitalización y-en menor medida- sobre el teletrabajo. Pero la ventaja de este grupo de investigación -y de esta jornada conciliar- es que procura una visión global del fenómeno y de sus implicaciones. Así, por ejemplo, se analizan los derechos y deberes que aparecen en la fórmula del teletrabajo, sus consecuencias de cara a los riesgos laborales y a las obligaciones tributarias, las transformaciones en la manera de prestar los servicios y en la forma de relacionarse ciudadanos y empleados públicos. Por cierto, la organización avisa que en el comienzo del acto ya se van a presentar algunos libros como fruto de este trabajo.  

            2.-Por mi parte, he ido tratando en estos meses la relación entre teletrabajo (o digitalización en sentido amplio) y patrimonio de las Administraciones Públicas. El punto de partida radica en que la función administrativa -la aprobación de normas ejecutivas, la tramitación y resolución de expedientes, el archivo y documentación de actuaciones…-es la que de forma más natural se integra en los moldes de la digitalización, la automatización y el uso de la llamada inteligencia artificial. Es posible que algunos servicios públicos aún reclamen la cercanía física de un empleado público (los llamados servicios a la persona, al menos durante un tiempo), pero el núcleo de lo burocrático y de lo organizativo se puede envasar en una computadora.

            Sé que lo anterior necesita algunos matices y puede originar algunos debates, pero me ha servido para indagar cómo influye esta condensación digital de la función administrativa en el patrimonio de las Administraciones Públicas. Las hileras de mesas vacías con funcionarios teletrabajando, la soledad de aquellos registros públicos que fueron en nuestra niñez un lugar de animación con sus colas de peregrinos invocando ante la ventanilla el libro sagrado de la “elepea”(Ley de Procedimiento Administrativo)  o las montañas de papel que ya no tendrán ningún uso son los indicadores de un mundo que agoniza.

Se me dirá que existe un reflujo con el teletrabajo, pero el terreno que ha ganado no va a perderlo con facilidad y, desde luego, sus cifras muestran una gran vitalidad cuando se trata de la esfera de la Administración Pública. Me alegará usted que los ciudadanos están luchando contra la cita previa porque quieren más y más relación física, pero le va a ser difícil convencer a un muchacho de veinte años de que ese maldito trámite no puede hacerlo con el móvil. Alguno ironizará de forma vulgar sobre el teletrabajo como escaqueo, pero la seria verdad es otra: la función administrativa se mueve en lo digital como pez en el agua.

3.-La tesis principal -sobre la cual daré mañana algunas pinceladas- es que el edificio administrativo -en un sentido jurídico y técnico- ha perdido gran parte de su sentido. Ese bien que era la joya del dominio público artificial -el edificio destinado a oficinas y dependencias auxiliares, como indica la legislación de patrimonio de las Administraciones Públicas- ha entrado en crisis y está evolucionando a pasos agigantados, acompañado en su debilitamiento por las herramientas jurídicas que expondremos sucintamente.

***

Teletrabajo y gestión patrimonial de la Administración.

~ Joan Amenós ~ Deja un comentario

Foto:***. Sede de Johnson Wax, construida por Frank Lloyd Wright (1936-1939). Racine (Wisconsin).

Transcribo aquí el documento inicial de mi participación en el grupo de investigación sobre el teletrabajo en la Administración Pública, que dirige Federico Castillo. Esta fue la semilla, que ahora ha crecido ya por caminos insospechados:

EL TELETRABAJO Y LA DESAMORTIZACIÓN DEL SIGLO XXI. RAZONES PARA LA ELECCIÓN DEL CAMPO DE TRABAJO. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL TELETRABAJO EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  (IP: Federico Castillo).

  1. La extensión paulatina del teletrabajo en el seno de la Administración Pública producirá transformaciones sociales y territoriales en gran parte imprevisibles. Una de las razones de esta incertidumbre radica en el ritmo de su implantación, muy acelerado en las fases altas de la pandemia por Covid 19 y mucho más suave en la actualidad (por ejemplo, teletrabajo restringido a sólo a un cierto número de días a la semana).
  2.  El teletrabajo  ya ha tenido un efecto jurídico directo -la nueva forma de ejecutar la prestación profesional del empleado público- y un efecto reflejo: el desarrollo de fórmulas para proporcionar el servicio público a los usuarios a través de un ordenador (relación tributaria íntegramente digitalizada, consejos sanitarios on line, educación a distancia, etc.).
  3. Una consecuencia puede afirmarse con alta seguridad: ya no es necesario sostener el volumen actual de edificios públicos y, además, los edificios que resten han de ser organizados de un modo muy diferente.
  4. Una fotografía en este momento de la gestión patrimonial inmobiliaria nos muestra, por un lado, tendencias que ya venían operando con fuerza antes de la pandemia. Por ejemplo, la venta de sedes por motivos puramente económicos y de ahorro. Un caso espectacular lo observamos en el proceso de cierre de oficinas iniciado por la Unión Europea. En este punto, el sector privado de producción y gestión de oficinas muestra signos inquietantes de reducción del negocio o, mejor dicho, de concentración en zonas muy concretas y apetecibles.
  5. Por lo que respecta a la gestión de los edificios que se mantienen bajo titularidad administrativa (en un sentido amplio que incluye derechos de uso), los cambios son ya rapidísimos. En esta línea, destaca la reflexión iniciada por la Administración Pública francesa, que acaba confesando que los edificios administrativos deben pivotar en torno al teletrabajo. En primer lugar, porque pueden ofrecer a los funcionarios la socialización y el contacto que la conexión en remoto no puede proporcionar. En segundo lugar, porque las dependencias deben convertirse en un gran espacio abierto, con separaciones inexistentes o móviles y dispuesto a acoger personas de diferentes departamentos y con horarios de acceso diversificados.
  6. Existen ya algunos supuestos espectaculares en esa dirección, como el Distrito Administrativo impulsado por la Generalidad de Cataluña con una nube de usuarios de diversas consejerías que comparten un espacio previa asignación semanal e incluso diaria.
  7. El ordenamiento jurídico, lógicamente, no permanece ajeno a estos cambios. En los dos primeros decenios del siglo XXI ya se habían ejecutado importantes programas de venta de activos inmobiliarios públicos tanto en Francia como en España en base a tres criterios:
    1. Optimización: es el criterio central de la regulación de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas.
    1. Estabilidad presupuestaria: en efecto, como ocurrió en otras fases de la historia, la venta de activos inmobiliarios es una ayuda para el saneamiento de las arcas públicas.
    1. Flexibilidad en la interpretación del régimen jurídico de los edificios administrativos. Así, en Francia se observa su pérdida del carácter demanial. En España, aunque lo mantiene formalmente -y así lo recuerda la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas- se agiliza en gran manera el acuerdo de desafectación. Esta flexibilización ha permitido un amplio uso de fórmulas que interesaron mucho en su momento a la doctrina. En concreto, la venta de edificios administrativos y su ocupación como arrendatario por parte del Estado (operaciones de lease back).
  8. Actualmente, ya están en marcha nuevos planes de venta de edificios (por ejemplo, a nivel estatal, en España), que se desenvuelven en el marco de la presión del teletrabajo y de la menor exigencia de superficies. En lo que nos afecta, estas operaciones de transmisión afectan a dos tipos de bienes:
    1. El edificio administrativo: se trata del activo más afectado por la realidad del teletrabajo. Ya no es necesario o puede ser mucho más pequeño y funcional. Morfológicamente, nos hallamos ante los vastos conjuntos de construcciones y dependencias destinadas al trabajo de oficina.
    1. Ciertos edificios destinados a servicios públicos en la medida en que la prestación de estos últimos se hace, al menos parcialmente, en remoto. Por tanto, no se justifica su permanencia en manos administrativas. Ahora bien, si en el caso a. la decisión de desafectación tenia una justificación más sencilla, en este caso habrá de valorarse hasta qué punto debe ya la entidad pública liberarse del bien en cuestión.
  9. Como ya ocurrió en los primeros compases del siglo XXI, tienden a crearse entes públicos que operan a menudo bajo el ágil manto del Derecho privado y con los cuales se espera cerrar con rapidez operaciones de venta o de reasignación de activos. Sería un buen ejemplo de ello a nivel estatal SEGIPSA (Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio). Para las Comunidades Autónomas, baste citar el caso andaluz, con la Sociedad de Gestión, Financiación e Inversión Patrimonial, SA o la Empresa Pública de Gestión de Activos, SA.
  10. La Administración, en definitiva, necesita menos edificios. Los que aún precisa, deben explotarse de una manera menos compartimentada. Serán, sobre todo, un espacio de reunión y puesta en común de los empleados públicos en su condición de nómadas digitales.
  11. Ahora bien, es sabido que las necesidades públicas cambian, que deben ponerse en marcha nuevos servicios en poco tiempo. Hemos visto algunos ejemplos durante la pandemia y otros surgirán en el futuro (por ejemplo, tramitación rápida de una crisis migratoria). ¿Deberá entonces la Administración proceder a la compra o arrendamiento de edificios ante las premuras detectadas? En la fase actual de la tecnología, puede que ello no sea necesario y que baste con la convocatoria de un contrato de servicios cuyo objeto sería la acogida temporal o en base a una cierta parrilla horaria de empleados públicos. Es decir, se trata de aprovechar por vía contractual los servicios de las empresas de coworking, en cuyas instalaciones operarían los funcionarios. Obsérvese el espectacular ahorro de costes en relación a la adquisición de inmuebles o al tradicional alquiler de dependencias.
  12. Tiene un punto de exageración, ciertamente, hablar de la desamortización del siglo XXI. Por volumen, la actual va a afectar a un porcentaje mucho más reducido de bienes. Ahora bien, a medida que se vaya perfeccionado el teletrabajo, la desmaterialización inmobiliaria del poder público se irá haciendo cada vez más evidente. Los edificios administrativos serán más pequeños y escasos y también irá disminuyendo la superficie de las dependencias de ciertos servicios públicos. El proceso recuerda inevitablemente a las ventas de bienes de manos muertas, que ahora podría llamarse de venta de bienes de despachos vacíos.
  13. Lo anterior no va a incidir, evidentemente, en los bienes de uso público ni en el grueso de los bienes de servicio público (estaciones de transporte, salas de justicia, hospitales…). Tampoco va a afectar a los edificios cuyo uso sea el de representación institucional, aunque quizá se trate, sencillamente, de un alojamiento ocupado por un puñado intermitente de funcionarios y despachos para la reunión de los gobernantes cuando se desee subrayar el aspecto protocolario o sea necesario hablar cara a cara.
  14. En conclusión, en este trabajo estudiamos el escenario de la gestión patrimonial inmobiliaria de la Administración Pública causado por el teletrabajo y la subsiguiente pérdida de utilización de un elevado porcentaje de dependencias administrativas. Ello incluye desde fórmulas de desafectación, declaración de alienabilidad y venta hasta la consolidación de  contratos de venta con posterior arrendamiento. Igualmente, se plantea la posibilidad de contratos administrativos de servicios de coworking (donde el contratista mantiene la posesión del inmueble).  Además, se examinan las soluciones organizativas que se han ido consolidando. Principalmente, la creación de sociedades de titularidad pública para la gestión y transmisión de activos inmobiliarios. De forma complementaria, se dan algunas pautas sobre el diseño, la distribución de superficies y el funcionamiento de los edificios administrativos en un entorno de teletrabajo.

                                 Montgat, 28 de junio de 2023.

                                                                       J.Amenós

Iniciando una reflexión sobre teletrabajo y gestión patrimonial en la Administración Pública.

~ Joan Amenós ~ Deja un comentario

Foto:***

En el marco de mi contribución al grupo de investigación sobre el teletrabajo en la Administración Pública (que dirige Federico Castillo), he iniciado algunas reflexiones y transcribo hoy el encabezamiento de mi primer informe.

  1. La extensión paulatina del teletrabajo en el seno de la Administración Pública producirá transformaciones sociales y territoriales en gran parte imprevisibles. Una de las razones de esta incertidumbre radica en el ritmo de su implantación, muy acelerado en las fases altas de la pandemia por Covid 19 y mucho más suave en la actualidad (por ejemplo, teletrabajo restringido a sólo a un cierto número de días a la semana).
  2.  El teletrabajo ya ha tenido un efecto jurídico directo -la nueva forma de ejecutar la prestación profesional del empleado público- y un efecto reflejo: el desarrollo de fórmulas para proporcionar el servicio público a los usuarios a través de un ordenador (relación tributaria íntegramente digitalizada, consejos sanitarios on line, educación a distancia, etc.).
  3. Una consecuencia puede afirmarse con alta seguridad: ya no es necesario sostener el volumen actual de edificios públicos y, además, los edificios que resten han de ser organizados de un modo muy diferente.
  4. Una fotografía en este momento de la gestión patrimonial inmobiliaria nos muestra, por un lado, tendencias que ya venían operando con fuerza antes de la pandemia. Por ejemplo, la venta de sedes por motivos puramente económicos y de ahorro. Un caso espectacular lo observamos en el proceso de cierre de oficinas iniciado por la Unión Europea. En este punto, el sector privado de producción y gestión de oficinas muestra signos inquietantes de reducción del negocio o, mejor dicho, de concentración en zonas muy concretas y apetecibles.
  5. Por lo que respecta a la gestión de los edificios que se mantienen bajo titularidad administrativa (en un sentido amplio que incluye derechos de uso), los cambios son ya rapidísimos. En esta línea, destaca la reflexión iniciada por la Administración Pública francesa, que acaba confesando que los edificios administrativos deben pivotar en torno al teletrabajo. En primer lugar, porque pueden ofrecer a los funcionarios la socialización y el contacto que la conexión en remoto no puede proporcionar. En segundo lugar, porque las dependencias deben convertirse en un gran espacio abierto, con separaciones inexistentes o móviles y dispuesto a acoger personas de diferentes departamentos y con horarios de acceso diversificados.***

Algunos impactos esenciales del teletrabajo en el tener y en el ser de la Administración Pública.

~ Joan Amenós ~ Deja un comentario

 Foto:*** 

       1.-Por indicación del profesor Federico Castillo, mi amigo y guía en el mundo jurídico-público, he comenzado a estudiar algunos impactos del teletrabajo en el Derecho Administrativo[1]. No se trata de tanto de analizar el ámbito de la disciplina funcionarial y laboral –con esa modulación del lugar de trabajo- como lo que supone para la Administración en sí misma considerada. Tampoco examinaré algunos cambios en la prestación de ciertos servicios públicos (la sanidad, los transportes o, desde otro punto de vista, la gestión tributaria). Estos temas ya han sido asignados a otros especialistas.

*

         2.-Para no perdernos en especulaciones, diremos que el hecho de que una parte o todo el tiempo de servicio se haga en régimen de teletrabajo implica una consecuencia elemental: son necesarios menos locales y edificios públicos. Se va a producir, por tanto, una disminución de las partidas asignadas a la compra o alquiler de esos bienes*** ***. Esto no quiere decir que vaya a desaparecer la atención personal al administrado o que no se vayan a ejercer tareas en las sedes administrativas. Pero parece claro que van a reducirse las superficies que precise la Administración Pública. Se impone, pues, el análisis de las transformaciones en la gestión patrimonial, que ya se están produciendo.

**

         3.-Si la liberación de inmuebles es el impacto central del teletrabajo en la Administración Pública, el segundo efecto es más neblinoso, aunque igualmente relevante. Se trata de la espiritualización de la noción de sede institucional de un órgano o de una Administración Pública. Pero esto lo analizaremos con más calma.

***

[1] Sobre  la endeble situación del teletrabajo en el sector privado, v. Estela MARTÍNEZ ESTEBARÁN, en la siempre atenta Economist&Iuris:  “Teletrabajo: alfombra roja para los “knowmads” mientras sigue cayendo el teletrabajo nacional”. La autora se queja de que se facilita un visado para trabajadores extranjeros que laboren en España al servicio de una empresa extranjera (Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema de las empresas emergentes), pero que no es suficientemente estimulante para las empresas nacionales la Ley 10/2021, de trabajo a distancia.

En favor de la propietat intel·lectual, en defensa dels autors i en pro de la creativitat

~ Joan Amenós ~ 3 comentarios

 

1.-Com ja hem comentat en alguna altra ocasió, la protecció de la propietat intel·lectual sempre ha estat problemàtica. Els contraris a la seva tutela enarboraren històricament dues grans objeccions:

 

-La primera, de caràcter tècnic, basada en la dificultat de salvaguardar una noció tan abstracta. Avui, això presenta menys obstacles ja que, gràcies a internet, se sap perfectament on és l’original i on és la còpia.

 

-La segona, de caràcter filosòfic i polític, centrada en el deute permanent de l’individu amb la comunitat (d’on ve el llenguatge? d’on ve la instrucció? del comú). Per aquest motiu, l’ordenament s’arronsa i, al cap d’un temps d’explotació, els drets de propietat intel·lectual passen al domini públic.

 

—

 

2.-Als darrers anys, però, alguns sectors han volgut bastir una ideologia sota el lema “tot és gratuït”. Es tractava, bàsicament, d’advocats, enginyers de software i professors universitaris. Respecte als primers, no presento cap objecció, ja que defensaven els interessos dels seus clients. Els segons –els informàtics- volien assegurar la venda dels seus productes, encara que fos a lladres i receptadors. Pel que fa als tercers, jo no els tindria gaire en compte, ja que –tenint segures les garrofes en l’erari públic- convertien la seva vida en una deliciosa aventura de Robin Hood, imaginant sense cap risc utopies  comunitàries de tot a cent, com Kropotkins de la postmodernitat.

 

D’aquest manera, amb els silenci dels que no enteníem res, han esbombat durant uns anys els seus vaporosos eslògans sobre “el nou paradigma d’internet”, la inatacabilitat del “peer to peer”, etc.

 

—

 

 

3.-Un vell instint adolescent em fa desconfiar dels coups de force que, de quan en quan, porten a terme les autoritats nord-americanes. Aquest cap de setmana, però, com en una vella pel·lícula de Hollywood, torna Humphrey Bogart (que no hauria existit sense protecció de la propietat intel·lectual) comandant els policies bons i proclamant que els cantants no es limitaran a vendre samarretes i que els llibres no desapareixeran.

 

L’FBI, com un llamp, com un desembarcament de Normandia en el cor del totalitarisme pirata.

Publicat el Text Refós de la Llei de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant.

~ Joan Amenós ~ Deja un comentario

 

…1.-El 20 d’octubre fou publicat el Text Refós de la Llei de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant. Tal com indica el seu títol, tracta dos aspectes:

 

a)Els ports: en concret, el règim dels ports que són competència de l’Administració General de l’Estat i la seva organització. Això inclou la configuració del seu règim d’autonomia funcional i de gestió i la designació per les Comunitats Autònomes dels òrgans de govern de les Autoritats Portuàries.

 

b) El marc normatiu de la Marina Mercant. S’inclouen en aquesta noció l’activitat de transport marítim, la seguretat marítima, el salvament, la inspecció tècnica i operativa de vaixells, tripulacions i mercaderies, etc.

 

—

…2.-Els ports d’interès general han estat enumerats per l’annex I (a Catalunya s’indiquen els de Barcelona i de Tarragona). Les circumstàncies dels ports d’interès general són les següents, segons l’art. 4.1:

 

 “a) Que se efectúen en ellos actividades comerciales marítimas internacionales.

b) Que su zona de influencia comercial afecte de forma relevante a más de una

Comunidad Autónoma.

c) Que sirvan a industrias o establecimientos de importancia estratégica para la

economía nacional.

d) Que el volumen anual y las características de sus actividades comerciales marítimas alcancen niveles suficientemente relevantes o respondan a necesidades esenciales de la actividad económica general del Estado.

e) Que por sus especiales condiciones técnicas o geográficas constituyan elementos esenciales para la seguridad del tráfico marítimo, especialmente en territorios insulares.”

 

Cal tenir en compte que la pèrdua de la condició d’interès general implica el canvi de titularitat a favor de la Comunitat Autònoma (art. 1.3).

 

—

 

…3.-La peculiar organització administrativa del sistema portuari de titularitat estatal s’exerceix (a partir de la competència de l’ens matriu, concentrada en el Ministeri de Foment) per un peculiar conjunt d’ens institucionals:

 

-L’”Organismo Público Puertos del Estado”.

 

-Les Autoritats Portuàries.

 

En ambdós casos, aquestes entitats s’inclouen dins dels organismes públics regulats per la lletra g) de l’apartat 1 de l’art. 2 de la Llei General Pressupostària. És a dir, entitats estatals de dret públic diferents dels organismes autònoms i de les entitats públiques empresarials.

 

 

 

 

 

Crònica de jurisprudència XVIII: retracte amb tacte (I).

~ Joan Amenós ~ Deja un comentario

            1.-Em direu, amb relativa raó, que no és una sentència estrictament recent, però és fàcil observar que no es planteja gaire en aquests termes en els repertoris jurisprudencials. Vegem. Es tracta de la sentència del Tribunal Superior de Justícia d’ Andalusia (Sala del Contenciós, seu a Sevilla, secció 2ª, de 21 d’octubre del 2005, Repertori CENDOJ STSJ AND 3146/2005).

 

            En aquesta sentència s’examina el cas d’una finca situada al Parc Natural de Doñana. L’Administració titular del Parc, fent ús de les potestats que li atorga la legislació d’espais naturals, havia decidit exercir el retracte d’una determinada finca.

 

—

 

            2.-Aquesta mena de retracte legal té algun altre exemple assenyalat. Per exemple, a la normativa de patrimoni històrico-artístic. El que normalment es discuteix, però, és la prescripció del termini per a exercir-lo o la determinació exacta del preu. No obstant, en el cas que veurem tot seguit, el debat jurídic va seguir altres rumbs.

            Afegirem que l’exercici del retracte es combina habitualment amb un ús –molt més ampli- d’una política d’adquisició voluntària de terrenys situats en espais protegits (política que és, sovint, la clau per a l’èxit de la salvaguarda de la zona). De fet, es pot documentar fàcilment que, a les mateixes dates de la sentència, l’Administració titular del parc havia efectuat diverses compres justament a la mateixa zona (el denominat “Coto de Hato Ratón”, situat als termes municipals d’Aznalcazar i Villamanrique de la Condesa, a la província de Sevilla).

 

—

 

            3.-El Tribunal va considerar que el retracte s’havia exercit sense justificació. En efecte, no era suficient afirmar que es tractava d’una zona privilegiada per a la ronda (“merodeo”) del linx ibèric i afegir després una llarga llista de la flora i fauna existents. Ho examinarem dilluns.

Cadells de linx ibèric.

Foto: Ventana del Visitante de los Espacios Naturales. Junta de Andalucía. Parque Natural Doñana.

Alienació de béns immobles o drets reals desafectats a través de concurs públic (normativa catalana)(i II)

~ Joan Amenós ~ Deja un comentario

 

            1.-La legislació espanyola havia preferit tradicionalment la subhasta com a fórmula d’alienació de béns públics patrimonials.  Aquesta forma de venda gaudia de dos avantatges:

 

            -Permetia a l’Administració obtenir el millor preu possible.

 

            -Evitava corrupteles gràcies a l’automàtica adjudicació al millor postor.

 

            La normativa catalana havia seguit aquest criteri fins ara. És cert que el procediment ordinari seguirà sent la subhasta, però es pot utilitzar el concurs, ni que sigui de forma restringida (en els supòsits i amb les formalitats que s’estableixin per reglament).

 

—

 

            2.-Aquesta creixent preferència del legislador pel concurs pot explicar-se per la possibilitat de pactar amb el nou propietari que l’ens públic mantingui la possessió com a arrendatari. Aquesta hipòtesi ha de polir algunes arestes jurídiques, però seria admissible si es tracta d’immobles qualificats com a béns patrimonials.

 

.

 

            En la línia de justificar els procediments que es portin a terme, la Llei de mesures fiscals i financeres ha introduït un nou art. 26.2 al Text Refòs de la Llei de Patrimoni de la Generalitat. En aquest precepte –amb una redacció carregosa- es desenvolupa el “principi d’optimització” per a l’ús d’edificis administratius:

 

            “2. La utilització d’edificis d’ús administratiu es regeix per criteris que tendeixen a llur optimització, entesa com el conjunt d’anàlisis tècniques i econòmiques sobre immobles existents, la previsió de l’evolució de la demanda immobiliària pels serveis públics, la programació de la cobertura de necessitats i d’intervencions de verificació i control, que tenen per objecte identificar, en un àmbit territorial o sectorial determinat, la millor solució per a satisfer les necessitats contrastades d’edificis d’ús administratiu en l’àmbit geogràfic o sectorial considerat, amb assumpció de les restriccions econòmiques, funcionals o de naturalesa cultural o mediambientals que es determinin.”

 

.

 

            Es revifarà, per tant, el vell debat sobre la conveniència de que els edificis administratius destinats a serveis públics siguin posseïts en virtut d’un contracte d’arrendament i no como a propietari (debat que, per cert, també es planteja soviet en el si de les societats mercantils).

 

—

 

            3.-Per últim, es regula de forma generosa l’alienació directa (que estava simplement mencionada), amb l’afegit de dos nous apartats -5 i 6- a l’art. 18 del text refòs de la Llei catalana de Patrimoni. En aquest cas, el model seguit –amb gairebé total fidelitat- és l’art. 137.4 de la Llei del Patrimoni de les Administracions Públiques. En definitiva, el redactat dels nous preceptes és el següent:

 

            “5. Es pot acordar l’adjudicació directa en els supòsits següents:

a) Quan l’adquirent és una altra administració pública, persona jurídica de dret públic o privat que pertany al sector públic, o una entitat sense ànim de lucre, declarada d’utilitat pública.

b) Quan l’immoble sigui necessari per a donar compliment a una funció de servei públic o a la realització d’un fi d’interès general per una persona diferent de les previstes per la lletra a.

c) Quan la subhasta o concurs promoguts per l’alienació dels béns o drets es declarin deserts o resultin fallits i, sempre que no hagi transcorregut més d’un any des de la celebració de la subhasta o el concurs. En aquest cas, les condicions de l’alienació no poden ésser inferiors a les anunciades prèviament o a aquelles en què s’hauria produït l’adjudicació.

d) Quan la venda s’efectuï a favor d’un o més copropietaris o a favor de qui posseeix un dret d’adquisició preferent reconegut per la llei.

e) Quan, per raons excepcionals, es consideri convenient efectuar la venda a favor de l’ocupant de l’immoble i sempre que aquest hi tingui dret reconegut, d’acord amb la normativa aplicable.

f) Quan es tracti de solars o parcel·les sobrants de vies públiques que per llur forma o extensió són no edificables i llur alienació es faci a favor d’un propietari confrontant.

g) Quan es tracti de finques rústiques inexplotables i llur venda s’efectuï a un propietari confrontant.

Si diversos interessats es troben en un mateix supòsit d’adjudicació directa, l’adjudicació s’ha de resoldre segons l’interès general concurrent en el cas concret. Amb relació a l’alienació a què fan referència les lletres f i g s’ha de seguir el procediment establert per reglament.

6. L‘òrgan competent per a alienar béns o drets pot admetre el pagament ajornat del preu de venda, per un període no superior a deu anys i sempre que el pagament de les quantitats ajornades es garanteixi suficientment mitjançant condició resolutòria explícita, hipoteca, aval bancari, assegurança de caució o una altra garantia suficient usual en el mercat. L’interès de l’ajornament no pot ésser inferior a l’interès legal del diner.”

Alienació de béns immobles o drets reals desafectats a través de concurs públic (normativa catalana). (I)

~ Joan Amenós ~ Deja un comentario

 

 

 

 

            1.- La venda de béns públics (prèviament desafectats) és, en principi, una de les dreceres per a escapar del dèficit i generar crèdits pressupostaris. La història ens subministra diversos exemples, però caldrà veure com es posa en marxa aquesta política de deixar anar llast (ja que, per exemple, el valor dels béns immobles tendeix a la baixa).

 

            En aquest sentit, és interessant la modificació de les formes d’alienació de béns immobles o drets reals que ha efectuat la recent Llei catalana de mesures fiscals i financeres (aquesta norma altera la redacció fins ara vigent de l’art. 18 de la Llei de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya).

 

            En realitat, es tracta d’un discret acostament a les fórmules que ja emprava la Llei estatal 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.

 

—

 

            2.- El nou art. 18.2 del Text Refòs de la Llei de Patrimoni de la Generalitat  (aprovada per Decret Legislatiu 1/2002) queda redactat així:

 

.

 

            ““2. L’alienació de béns immobles o drets reals es pot fer per subhasta o per concurs públic o, si el Govern ho acorda, per adjudicació directa, d’acord amb l’apartat 5.

            ”El procediment ordinari per a l’alienació és la subhasta. Només s’utilitza el concurs en els supòsits i amb les formalitats que s’estableixin per reglament, i l’adjudicació recau en el licitador que en conjunt fa la proposició més avantatjosa.

            ”Mentre no es produeixi el desenvolupament normatiu, el procediment del concurs es regeix pel que estableix la normativa patrimonial sobre l’adquisició de béns immobles.

            ”Les alienacions de béns immobles es poden formalitzar en document administratiu, que és títol suficient per a la inscripció en el Registre de la Propietat, quan l’adquirent és una altra administració pública, organisme o entitat vinculada.”

 

—

            3.-La principal novetat rau en l’habilitació de la utilització del concurs com a fórmula per a l’alienació d’immobles.

 

            Al respecte, cal dir que, des de fa uns anys, ja es va trencant la regla general d’ús de la subhasta en aquests casos. De fet, l’art. 137.2 de la Llei estatal de Patrimoni de les Administracions Públiques és inequívoc: “el procedimiento ordinario para la enajenación de inmuebles será el concurso”. Meditarem demà sobre les conseqüències d’aquesta orientació.